El "En contra" acaba de ganar el Plebiscito Constitucional de Chile. Con un 55% de los votos, los chilenos rechazaron la nueva constitución elaborada por la extrema derecha y centro derecha, por encima del 45% de ciudadanos que votaron por el “A Favor."

De esta manera, Chile se acaba de convertir en un caso inédito. Un país que propone dos nuevas constituciones para que, luego, ambas resulten fuertemente rechazadas por la ciudadanía. Ambos casos estuvieron muy lejos de ser el resultado de la búsqueda de consensos, que es lo que reclama el pueblo de Chile desde hace cuatro años. Por el contrario, se convirtieron en proyectos identitarios que han cansado a la población. Las prioridades, hoy, son otras: las pensiones, la salud son, entre otros, los que realmente preocupan a los chilenos.

Hoy, ningún grupo político debería sentirse triunfador. La ciudadanía que en el primer proyecto constitucional le dijo “no” al gobierno de izquierda del presidente Gabriel Boric es la misma que acaba de decirle que “no” a la oposición de derecha. Los chilenos claman que la clase política busque acuerdos y, lejos de hacerlo, la clase política parece hacer oídos sordos ante ese clamor.

La primera Convención Constitucional estuvo constituida por una mayoría de izquierda, asociada al gobierno del presidente Boric. Esta concluyó un trabajo que fue presentado el 4 de septiembre del 2022, cuando el pueblo de Chile votó mayoritariamente (61,895%) por rechazarlo. En ese entonces, la participación de la derecha y la centroderecha no reunía ni siquiera los votos para oponerse a la aplanadora de la izquierda.

Uno podría esgrimir muchas razones para explicar el rechazo contundente al proyecto de la Convención Constitucional. Fue un proyecto maximalista con muchas fallas, entre las cuales destacó la elección de los grupos identitarios que conformaron la convención; especialmente, la de los indigenistas. También fue un rechazo a lo que se llamó ‘la política del espectáculo’ de la convención, que chocó fuertemente con las identidades tradicionales de los chilenos. Y, si bien la descentralización es algo muy deseado por los chilenos, la falta de experiencia y conocimientos de la Convención hizo que se terminara proponiendo un formato de descentralización incompleto.

El texto constitucional votado este domingo, en cambio, lo había construido una convención que fue, en su mayoría, de extrema derecha y centro derecha. La participación de la centroizquierda ni siquiera alcanzó la mayoría para oponerse a lo que la derecha quería.

El nuevo texto constitucional, a diferencia del primero, no partió de cero. El Congreso propuso una comisión de expertos, en la cual estaban representadas las identidades de todos los sectores políticos y que se encargó de presentar el texto a una nueva Convención Constitucional, formada en su gran mayoría por representantes de la derecha. Estos presentaron un gran cantidad de enmiendas que desnaturalizaron la propuesta de la comisión de expertos y, al final, le presentaron a la ciudadanía una Constitución que lucía como una programa de valores y políticas económicas de la derecha.

La propuesta, por ejemplo, proponía que las pensiones y la salud sigan en manos privadas y ponía en riesgo la legitimidad de las tres causales existentes para el aborto en Chile (violaciones, riesgo de muerte de la madre y malformaciones del feto que podrían en riesgo su llegada a término). El texto también proponía una ley populista que hacía que los impuestos territoriales de las propiedades, cuando se trataba de la propiedad en la que vivía una familia, quedase exenta de pagar dicho tributo. Y se decía que el Congreso debía hacer una ley para compensar la pérdida de tributos, que iría en desmedro directo de los municipios.

A juicio de una gran cantidad de economistas, este último punto de la Constitución no debería ser parte del texto, sino de una  política pública aprobada por el Congreso. Y, lamentablemente, no era el único caso en cual el texto constitucional fijaba una camisa de fuerza para que un gobierno no pueda llevar adelante políticas públicas que piensen que benefician a la comunidad, sin tener una supramayoría que permita modificar la constitución.

Uno de los pocos capítulos que está Constitución resolvía es el de los partidos políticos. Chile tiene demasiados partidos políticos con muy poca representatividad, lo que hace prácticamente imposible legislar sobre muchos temas. El texto constitucional sometido al plebiscito resolvía este problema, exigiendo a los partidos un cierto porcentaje de votos mínimo para tener representación parlamentaria. Algo que quedará en el tintero.

Hoy, después de un segundo rechazo, podemos concluir que en Chile existe una fatiga con el tema constitucional por parte de la población y una incapacidad para ponerse de acuerdo en mínimos comunes por parte de la clase política. Solo esto último hubiese permitido hacer una Constitución con la cual una gran mayoría de chilenos se sienta cómodo.

El fin de este segundo proceso, además, deja muy lastimado al modelo de Convención Constitucional. Y es que en tres años se pasó de una Convención Constitucional llena de miembros de centro y extrema izquierda a una plagada de miembros de extrema y centro derecha.

Por ahora y por un buen tiempo, los chilenos deberán seguir viviendo con la llamada ‘Constitución de Pinochet’. Una Constitución que, sin embargo, ha sido modificada alrededor de 70 veces, de manera consensuada en el Congreso. La mayor reforma fue en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, de centro izquierda, y ahora se podrá seguir modificando con el voto favorable de cuatro séptimos del número de congresistas.

Tal vez tengamos que aceptar que la llamada ‘Constitución de Pinochet’ sea, paradójicamente, lo más democrático a lo que podamos aspirar los chilenos.