La decisión del presidente Sebastián Piñera, de regular estrictamente el flujo de extranjeros interesados en trabajar en nuestro país, ha provocado controversias. Algunos estiman que se trata de un ordenamiento indispensable frente al considerable flujo de inmigrantes proveniente de países de la región. Otros opinan que la iniciativa es discriminatoria e incluso tiene sesgo político, en particular en los casos del "cupo humanitario" para ciudadanos haitianos y la "visa de responsabilidad democrática" para los ciudadanos venezolanos.

Pero me interesa destacar otro aspecto que no se ha visto en la discusión: la inconsecuencia que significa defender la libre circulación de bienes, servicios y capitales, y simultáneamente colocar restricciones al movimiento de las personas.

En el plano discursivo, el liberalismo promueve la libertad de mercado, pero nunca han existido tantas barreras a los desplazamientos internacionales de personas. Frente a la creciente movilidad de bienes y capitales, la libertad de movimiento de los trabajadores se ha visto limitada por políticas rigurosas de control en fronteras, las que impiden los desplazamientos. No sólo en Chile, sino en el mundo entero.

La teoría del comercio internacional, en tiempos de los clásicos, fundamentó los beneficios del libre movimiento de bienes, así como del capital y el trabajo. Según esta teoría, el intercambio económico es positivo porque los precios de los factores se igualan entre los países, dando lugar a una convergencia de los salarios reales. Sin embargo, más allá de cualquier teoría, la globalización en curso ha dado lugar a un mercado mundial trunco, en el que el capital se mueve ágilmente y la fuerza de trabajo es regulada estrictamente.

En efecto, las empresas transnacionales, en su esfuerzo permanente por aumentar sus ganancias, instalan sus subsidiarias en países lejanos donde los salarios son bajos, para producir para el mercado mundial. Así, en los últimos 20 años, se ha trasladado la producción manufacturera desde los países desarrollados hacia los emergentes, como China, la India y otros países del Asia. La producción, entonces, se ha fragmentado. La actividad manufacturera se realiza fundamentalmente en los países emergentes, gracias a los más bajos salarios. Los beneficios de esa actividad se ven complementados con el monopolio de la propiedad industrial que controlan las empresas transnacionales. Es la externalización de los procesos productivos.

En consecuencia, los controles migratorios cumplen un doble propósito, en beneficio del capital. Por una parte, garantizar los bajos salarios en los países emergentes, al evitar que los trabajadores nativos emigren, factor de estímulo para la instalación de subsidiarias de empresas transnacionales. Por otra parte, los controles migratorios en los países desarrollados sirven para que los trabajadores extranjeros ocupen sólo empleos muy específicos: aquellos que los nacionales no quieren realizar, cubriendo las necesidades de las tareas menos calificadas y peor pagadas, lo que empuja los salarios a la baja.   

Así las cosas, en el siglo XXI, el tipo de globalización en curso garantiza la libertad del capital, pero no del trabajo. Entonces, los países del capitalismo céntrico controlan los flujos de capital y el monopolio de las  tecnologías, mientras en los países asiáticos se manufacturan los nuevos productos, a menores costos y mayores ganancias. Y, en esta división del trabajo, los países de América Latina y África han sido acorralados en la producción de alimentos y materias primas, con escaso valor agregado, donde también se exige producir a bajos costos.

En consecuencia, en la economía mundial contemporánea el capital se expande a cualquier parte del mundo (a veces donde existen menores controles políticos y jurídicos), en contacto directo y rápido, gracias a la facilidad e inmediatez que permiten las tecnologías de las comunicaciones, mientras se produce un aprovechamiento de las ventajas en costos laborales, tasas de interés, expectativas comerciales.

Se ha creado así un sistema mundial favorecido por los Estados nacionales (y con las recomendaciones de los organismos internacionales), que han desmantelado todo tipo de protecciones a las economías locales. Sin embargo, la apertura ha sido para el capital y no para el movimiento de los trabajadores. La libertad irrestricta de los flujos financieros y de los movimientos de inversión directa han sido muy acelerados. La indiscriminada apertura al mundo, que ha caracterizado a la economía chilena, es expresión de ello.

Por eso es que la propuesta migratoria del presidente Piñera no hace más que adecuarse a las exigencias del capitalismo global. El capital es libre de ingresar y salir de Chile y, sin embargo, no permite lo mismo con los trabajadores extranjeros. El poder del capital es el que manda y exige condiciones para ampliar sus ganancias.

En efecto, la instalación de empresas extranjeras en nuestro territorio es facilitada por el propio Estado, el que no impone regulación alguna sobre el tipo de trabajo que crean, ni tampoco si afectan a los empresarios locales. Por su parte, el capital financiero, ingresa y sale con fines especulativos, y no tiene regulaciones, aun cuando sus flujos sean determinantes en la inestabilidad del precio de dólar. Por su parte, a las empresas extranjeras no se las expulsa del país cuando se coluden, como han sido los casos manifiestos de las farmacias y los servicios públicos. Tampoco tienen obligaciones de buen comportamiento, ni se les pide que agreguen valor a los bienes y servicios que producen. En suma, no se les exigen requisitos para desempeñarse en territorio chileno.

No sucede lo mismo con la propuesta migratoria del gobierno actual, que impone estrictas regulaciones al ingreso de personas. En efecto, la “visa temporaria de orientación internacional” exige contar con posgrado en universidades de elite, vale decir, establecimientos que se encuentren en los 200 primeros lugares del mundo, según el QS World University Rankings. Y, a la “visa temporaria de orientación nacional" sólo podrán optar aquellos extranjeros que obtengan posgrado en universidades chilenas acreditadas y que deseen trabajar en nuestro país. O sea, para el ingreso de personas se obliga a requisitos de desempeño.

La libertad de mercado se reclama cuando sirve a los intereses del capital y no a los trabajadores. Pero si se decide controlar a los inmigrantes se debiera regular también a las inversiones que ingresan al país. La propuesta migratoria del presidente Piñera impone exigentes requisitos a los migrantes, lo que confirma que los intereses económicos valen más que los derechos de las personas.