Según Barak Obama, el propósito de la Asociación Transpacífico (conocida como TPP, por sus siglas en inglés, y compuesta por 12 Estados de la cuenca del Pacífico) era garantizar “que sea América, y no China, quien dirija el camino en el comercio global”. Ese sería el caso porque el TPP incluía exigencias en materia laboral, ambiental, de propiedad intelectual, de empresas públicas o de inversión extranjera que el gobierno chino no estaría dispuesto a implementar. Por ejemplo, en materia de información, los gobiernos parte del TPP se comprometían a garantizar la libre transferencia de información, respetando a la vez derechos de privacidad. La República Popular China, en cambio, tiene leyes que obstaculizan la transferencia de información fuera del país por parte de empresas extranjeras, pero permiten exigirles que compartan esa información con agencias oficiales de inteligencia. Por eso China buscó negociar sus propios acuerdos comerciales con países de la misma región, como la Asociación Económica Integral Regional (conocida como RCEP, por sus siglas en inglés), que no incluyeran exigencias similares en temas como la transferencia de información o los beneficios que se podían conceder a las empresas públicas.
Pero, en su primer día como presidente, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que retiró a los Estados Unidos del TPP. Sin embargo, los 11 países restantes continuaron con las negociaciones, hasta aprobar el denominado Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (conocido como CPTPP, por sus siglas en inglés). Aunque sin Estados Unidos, el CPTPP mantuvo la mayoría de las exigencias que ese país buscó incluir en el acuerdo original (el TPP), con el propósito de aislar comercialmente a China.
Y, ahora que Estados Unidos busca únicamente alianzas de seguridad entre los países ribereños del Pacífico Occidental y el Océano Índico, China busca ampliar sus acuerdos comerciales con esos aliados estadounidenses. Irónicamente, al día siguiente de que la Administración Biden dieran a conocer la formación de AUKUS (siglas en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, su más reciente alianza de seguridad en el Indo-Pacífico), China solicitaba su ingreso al CPTPP (es decir, el sucesor de un acuerdo comercial que buscaba aislarla). Menos de una semana después, Taiwán también solicitó su ingreso al CPTPP.
Si se pregunta qué tiene todo eso que ver con Perú, la respuesta es simple: nuestro país es parte del CPTPP y, como tal, tiene poder de veto sobre la admisión de nuevos integrantes (dado que esa decisión requiere unanimidad). China es parte de acuerdos comerciales de los que también participa Taiwán, como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (o APEC, por sus siglas en inglés, las últimas que le endilgaré hoy). Pero China no reconoce a Taiwán como un país independiente ni mantiene relaciones diplomáticas con países que reconozcan a Taiwán. Por eso, por ejemplo, el APEC es un foro de cooperación entre “economías” (sic), no entre países o Estados.
El problema que enfrentará nuestro país al decidir si aprobar o no las aplicaciones de China y Taiwán es que, dado el creciente deterioro de la relación entre ambos, existe el riesgo de que China amenace con sancionar a los Estados que aprueben el ingreso de Taiwán al CPTPP (pese a que sí cumple con las exigencias necesarias para integrarlo). De otro lado, también podría amenazar con sanciones a los Estados que no aprueben el ingreso de China al CPTPP (pese a que no cumple con las exigencias necesarias para integrarlo). Es decir, cualquiera de esas acciones podría colocarnos en el punto de mira del gobierno chino que, por ejemplo, ya aplicó sanciones comerciales contra Australia por razones estrictamente políticas (como sería la decisión de admitir o no nuevos integrantes en el CPTPP).
No digo que corramos un riesgo mayúsculo, pero, dadas las circunstancias descritas, tal vez tampoco sea uno insignificante.
