Según el discurso oficial de la República Popular China, sus relaciones económicas con América Latina y el Caribe son de naturaleza apolítica. Según este, a diferencia de Estados Unidos o la Unión Europea, China no pretende interferir en la política interna de nuestra región: en lugar de condicionar las relaciones económicas a la conducta de sus socios en materia de derechos humanos, democracia o gobernabilidad, solo busca hacer negocios que beneficien a ambas partes.
El problema con ese discurso es que existen casos que lo contradicen. Por ejemplo, por razones tan disímiles como las críticas del gobierno australiano a la conducta de su par chino en Hong Kong, Taiwán y Xinjiang, su pedido de una investigación independiente sobre los orígenes del COVID-19, o restringir el acceso de Huawei en la construcción de la red 5G en Australia (entre otras), China ha aplicado sanciones contra sectores de la economía australiana. En torno a ello, un editorial del diario oficioso chino Global Times advertía que “En una relación de cooperación en la que ambos ganamos, Australia depende de ella más que China”. Es decir, no es que China no establezca condiciones políticas a sus socios económicos, es solo que estas son en parte diferentes a las condiciones políticas que establecen las potencias occidentales. Y, tal como hacen estas últimas, China no tiene inconveniente para emplear en su favor el carácter asimétrico de la interdependencia económica que sostiene con la mayoría de países del mundo.
De hecho, ya existen precedentes de conductas similares en América Latina. Por ejemplo, cuando las autoridades de Chile investigaron los efectos sobre la competencia que tendría la adquisición de acciones de la empresa chilena SQM (productora de litio), por parte de la compañía china Tianqi. Entonces el embajador de China culpó a un alto funcionario chileno de haber convertido el tema “en un asunto político, y puede dejar influencias negativas en las relaciones comerciales”.
Otro ejemplo es el alegato en 2020 del gobierno del Ecuador, según el cual, naves pesqueras de bandera china ubicadas cerca de aguas ecuatorianas desconectaban su sistema de rastreo satelital o incluso cambiaban el nombre del navío para evadir la vigilancia. Algunos analistas atribuyen esa denuncia al cambio en la orientación de la política exterior ecuatoriana ocurrido bajo el gobierno de Lenín Moreno (más cercana a los Estados Unidos). Esa puede ser parte de la explicación, pero no toda. De un lado, China era la principal fuente de financiamiento del gobierno ecuatoriano, además de ser el mayor mercado para sus exportaciones de camarones. De otro, en 2016 un guardacostas hundió un pesquero de bandera china por intentar huir tras ser sorprendido, precisamente, pescando de forma ilegal en la Zona Económica Exclusiva de la Argentina.
En Perú también hay fuentes potenciales de conflictos de intereses que podrían involucrar al gobierno chino. Por ejemplo, la quema hace unos meses por manifestantes de dos vehículos de la minera china MMG, en el contexto de un conflicto socio-ambiental. Aunque en principio sería un conflicto de intereses entre actores privados, existen un par de fuentes posibles de preocupación. De un lado, las empresas extractivas provenientes de China suelen tener menores estándares laborales y ambientales que sus pares occidentales, lo cual haría más probable que se vean involucradas en conflictos socio-ambientales. De otro, suelen ser empresas públicas o que mantienen vínculos estrechos con el gobierno chino (por la naturaleza mercantilista del capitalismo en ese país). Es decir, sería más probable tanto que se involucren en conflictos de interés como que estos terminen implicando al gobierno chino.
Un último ejemplo sería el de la denominada “Debt Trap Diplomacy”. El término alude a casos como el de la deuda pública venezolana. Dado que el régimen venezolano no tiene acceso a otras fuentes de financiamiento, pone su producción de petróleo como colateral de su deuda con China, el cual debe exportar a precios por debajo de su cotización internacional.
