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Continúa la controversia sobre ESG en Estados Unidos, pero no está en campaña, ¿qué ocurre?
Mié, 21/02/2024 - 12:00

Pablo del Arco

Pablo del arco
Pablo del Arco

Director América Valora Consultores.

Desde los sectores republicanos en Estados Unidos se ha venido atacando la consideración de los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), en la toma de decisiones de las empresas y, especialmente, en su consideración por los gestores de activos al momento de invertir. El rechazo viene por la consideración de que se trata de un caballo de Troya, con el que se introducen aspectos de ideología de izquierdas en la alta gerencia y los directorios, por ejemplo. Se trata de onsideraciones sobre diversidad que van en contra de los pensamientos más conservadores. Además, señalan que esto frenará el crecimiento y la innovación de las empresas.

La forma de presionar de los republicanos es a través de la regulación en los estados donde tienen mayoría. Recordemos como hito significativo de la contienda el veto de Biden en marzo 2023 con el voto en contra de las cámaras a su resolución para permitir la consideración de criterios ASG por los gestores de fondos públicos, revirtiendo una norma previa de la administración Trump. El escenario hoy arroja ya 37 estados con regulaciones anti ASG, 15 con normas y 12 en proceso, lo que supone más de 165 normas propuestas de diferente calado, aunque solo 22 han progresado (datos de la firma Pleiades Strategy).

Las normas presentadas incluyen restricciones a los contratos públicos, a las decisiones de los gestores de fondos de pensiones, entre otros aspectos. Se están dando en estados como New Hampshire, North Dakota, Kentucky, Oklahoma, Tennessee y Texas. En Oklahoma y Texas, por ejemplo, se han hecho públicos desde el estado sendas listas de instituciones financieras que se señalan pueden ser excluidas de contratos públicos por boicotear a las empresas de petróleo y gas; incluye a grandes gestores de activos. En Florida DeSantis, es candidato presidencial republicano, firmó una ley que prohíbe a los funcionarios públicos invertir con criterios ASG, así como la venta de bonos con dichos criterios, insistiendo en su rol como fiduciarios que deben ser ajenos a lo que señala son “cuestiones ideológicas”. El parón en muchos casos y las dificultades de implementación de estas nuevas regulaciones restrictivas se está encontrando en poder aplicarlas sin afectar a los retornos de las inversiones ya ejecutadas.

A pesar de esta controversia pública y las acciones ya en marcha por los republicanos, no se trata de un tema especialmente presente en la campaña electoral, de por sí ya fuertemente polarizada. Sí encontramos consecuencias relevantes en las decisiones de los gestores de activos, en el lenguaje de los ejecutivos de las grandes compañías y en las comunicaciones públicas de su desempeño relacionado con los propios factores ASG. La situación se abona con la actual coyuntura económica y las perspectivas económicas más inciertas.

En cuanto a los gestores de activos, destaca el reciente movimiento de JPMorgan Asset Management, BlackRock y State Street Global Advisors de abandonar la alianza Climate Action 100+ por su viabilidad legal. Se trata de una iniciativa que promueve el empuje de los inversionistas que la suscriben a las compañías en que invierten para que adopten estrategias climáticas, incluyendo alcanzar cero emisiones netas en 2050. Les preocupa en particular que esto vaya en contra del deber de velar en cada caso por los intereses individuales sin caer en posiciones compartidas y/o de acuerdos lobistas.

En cifras, los fondos sostenibles has perdido US$ 14 “billion” en 2023, con seis grandes fondos señalando que ponen fin a su mandato ASG y 32 de ellos próximos a cerrar, de acuerdo a datos de Morningstar para el Wall Street Journal. Significativo es también que Larry Fink, CEO de BlackRock, ya no hable de ASG en sus cartas a los inversionistas y empresas participadas, luego de años de impulsar la agenda. Otro de los grandes gestores, State Street, anunció en noviembre pasado una política de votación más laxa en torno a la aplicación de criterios ASG.

Desde las empresas y sus ejecutivos, destaca la continuidad en los programas, un estudio de Teseo arroja que sólo el 8% de los CEOs está reduciendo los mismos. Sí se está produciendo un cambio en la manera en que se comunican. Los principales líderes empresariales están siendo asesorados para evitar el uso de la terminología ASG y abordando alternativas como “negocio responsable”, también para que sean más precisos en los objetivos y metas que comunican. 

Se ve también en las llamadas sobre resultados que las compañías tienen con el mercado, en que las menciones a ASG habían ido creciendo, pero que ya desde 2021 han venido bajando. Esto también da pie a otra tendencia que se observa, la del hushing, en que las empresas no hacen públicos sus avances y logros en sostenibilidad, para evitar controversia y rechazo de grupos radicales. Llama la atención al contraponerse al greenwashing de cuyo aviso hemos sido testigos en este tiempo. 

Pero no todo está perdido, en el contexto internacional la claridad sobre los beneficios que la consideración de los criterios ASG traen a la rentabilidad de las inversiones, por la más solida gestión de riesgos de las empresas objeto y el aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio relacionadas. También a nivel regulatorio, con la Unión Europea empujando una fuerte agenda regulatoria, también en términos de transparencia de las metodologías por las calificadoras y del desempeño de las empresas, para “ordenar la cancha y facilitar el juego”. 

Tampoco en EUA los nubarrones no impiden ver un mejor escenario futuro. La polarización en los estados también está generando regulaciones avanzadas que reman a favor del ASG, como las normas de California para la transparencia en la gestión de riesgos climáticos y de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SB-253 y SB-261). De igual manera la próxima resolución de la Securities and Exchage Comission (SEC) con los requerimientos de información climática para los emisores de valores en el país, prevista después de muchas dificultades, para este mes de abril.

La controversia dificulta y es muestra del miedo a los avances conseguidos, pero no hay punto de inflexión posible, dado el convencimiento global al respecto. Sigamos. 

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