Durante las últimas semanas, el ecosistema de emprendimiento e innovación de Chile estuvo agitado por preguntas complejas. ¿Los fondos que el Estado otorga a las startups extranjeras quedan en el país o terminan en el extranjero? ¿Deberían los emprendedores locales devolver el dinero que se les entrega como subsidio cuando recién comienzan? El surgimiento de este tipo de interrogantes, presente entre especialistas y la opinión pública, apareció a partir de un análisis del histórico —y aún vigente— modelo de financiamiento para startups y el desarrollo de la política pública de apoyo a emprendedores.

Start-Up Chile es un programa de la Corporación de Fomento (CORFO) y el Gobierno de Chile que desde 2010 funciona como una “aceleradora pública” de negocios que busca potenciar emprendimientos tecnológicos en el país. Los datos indican que en estos 12 años han apoyado financieramente en forma sostenida a más de 2500 startups, entre las cuales se encuentran casos exitosos como NotCo, Betterfly y The Live Green Co. La particularidad de Start-Up Chile es que financia emprendimientos tanto locales como extranjeros, con la condición de que estos estén establecidos en Chile el tiempo que permanezcan dentro del programa.

Según datos de CORFO, el 70% de las empresas que reciben el subsidio son extranjeras. Sin embargo, aunque un 74% de las empresas que reciben el subsidio se mantienen con operaciones en Chile, el 26% restante no permanece en el país.

Esto quiere decir que al menos una de cada cuatro startups extranjeras retira sus operaciones, ya sea por falta de rédito económico, porque se encuentran con un mercado más chico de lo que esperaban o por decisión propia de buscar otras latitudes, lo que hace que el valor del subsidio otorgado por CORFO se vaya con ellos y no se produzca un efecto derrame en la economía chilena en forma completa. Por otro lado, según los datos de CORFO, durante los últimos cuatro años se reportaron ventas acumuladas por un total que representa un retorno de aproximadamente 13 veces lo invertido por el Estado en esas mismas startups.

El inconveniente que presenta este modelo de financiamiento es que no hay forma de vincular de forma directa y sostenida el valor de una startup extranjera al desarrollo del país. En el corto plazo, sí tributan impuestos y, a largo plazo, generan transferencia tecnológica a la industria. Pero más allá del factor cultural o de posicionamiento, ¿cómo podemos asegurarnos de que esas startups que reciben fondos del Estado se comprometan a compartir ese valor agregado, transfiriéndolo al desarrollo económico y social del país? Las opciones en este caso podrían ser una devolución monetaria del aporte específico del Estado o un “compromiso cultural”, ligado a compartir conocimientos, buenas prácticas así como abrir puertas y contactos para otros emprendimientos.

Así como esta problemática toca a las startups extranjeras, el otro eje del debate atraviesa a los emprendimientos locales. La tasa de supervivencia de las empresas apadrinadas por Start-up Chile es de un 44%, un número muy superior al promedio de la industria, ya que según los economistas Paul Gompers y Josh Lerner, solamente 2 de cada 10 startups sobreviven en los primeros 5 años de vida y superan el denominado “valle de la muerte”. Actualmente, de las startups que recibieron apoyo financiero y que mantienen sus operaciones en territorio nacional, un 43% son chilenas ¿Sería muy descabellado pedirle a estas startups que consiguen crecer y escalar con ese apoyo estatal que luego lo retornen para que otros emprendimientos puedan beneficiarse?

A priori, la idea es incongruente con la terminología de “subsidio”. Pero si la empresa exitosa recibió un primer impulso Estatal (CORFO-Start-up Chile) para ponerse en funcionamiento, quizás ver ese capital como un aporte reembolsable puede ayudar a retroalimentar al programa y financiar más emprendedores, logrando un círculo virtuoso de fondeo futuro

Esa fórmula se basa a partir de la experiencia de la Argentina en su Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (27.349), que estipula, entre otras iniciativas dentro del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), la posibilidad de un préstamo a “buena fortuna”. En pocas palabras: el Estado destina fondos a una startup en crecimiento; si esta se desarrolla de forma exitosa, devuelve el dinero que le fue prestado al programa; en caso contrario, no se le exige nada, ya que un posible desarrollo fallido está estipulado. El fracaso también es parte de la dinámica de innovación y emprendimiento. El cambio finalmente se traduce en transicionar de un Aporte No Reembolsable (ANR) a un aporte reembolsable “a buena fortuna” para los emprendimientos.

Después de más de 10 años queda comprobado que Start-up Chile impulsó de forma exitosa muchos emprendimientos que se consolidaron como grandes marcas con alcance internacional. Pero una visión completa del panorama, detectando virtudes y fallas, puede ser el camino para ajustar tuercas en esta maquinaria de financiamiento. Quizás hoy es un buen momento para replantearse este modelo de apoyo y financiamiento y generar un debate que nos lleve a un mejor ecosistema nacional de startups en Chile y Latinoamérica.