La corrupción no tiene color político: existen casos bajo gobiernos de toda orientación ideológica. Por lo demás, nadie ha inventado un mecanismo infalible para elegir únicamente candidatos honestos. De cualquier modo, nada garantiza que quien no delinquió antes no vaya a hacerlo una vez que llegue al gobierno. De hecho, la principal explicación de que algunos países tengan menores niveles de corrupción que otros no sería la fibra moral de sus gobernantes, sino la calidad de sus instituciones: la clave sería que quien ejerce el gobierno crea que, en caso de delinquir, existe una elevada probabilidad de ser descubierto, procesado y condenado. A su vez, lo que garantiza que eso ocurra suele ser que la información sobre el ejercicio del gobierno sea de dominio público y que éste se ejerza con contrapesos y división de poderes.
Por ejemplo, hubo un tiempo en el que los Estado gobernados por el Partido de los Trabajadores en Brasil (el PT) solían exhibir bajos niveles de corrupción comparados con los de Estados gobernados por otros partidos. Hubo quienes preferían atribuir eso a la mística y el compromiso de sus militantes antes que al hecho de que esos gobiernos introdujeron algunas reformas institucionales. Por ejemplo, la práctica de los denominados “presupuestos participativos”, los cuales involucraban a organizaciones de la sociedad en el proceso de elaboración y en el monitoreo de la implementación del presupuesto estatal. Prueba de que fue esto último lo que explicaba esa circunstancia fueron los escándalos de corrupción en los que se vieron envueltos los gobiernos del PT a nivel federal. Es decir, un nivel de gobierno donde no existían ese tipo de instituciones.
Alemania, a su vez, provee ejemplos de cómo incluso allí donde las restricciones institucionales suelen poner coto de manera eficaz a la corrupción, esta puede aflorar cuando esas restricciones se resienten. Específicamente, cuando un mismo partido ejerce el gobierno por períodos sumamente prolongados de tiempo, minando en el proceso los contrapesos institucionales. Por ejemplo, salvo por un breve intervalo de tres años a partir de 1954, la Unión Social Cristiana (USC) de Baviera ha gobernado ese Estado alemán desde 1946. Hasta el año 2000 no existía en ese Estado una ley contra el nepotismo, lo cual permitió a los parlamentarios bávaros contratar parientes a discreción. El asunto se tornó bochornoso cuando uno de ellos contrató a sus hijos de 13 y 14 años como asesores informáticos.
Podría decirse que ello constituía un problema ético, pero no legal. Antes de concluir eso, sin embargo, habría que hacer dos atingencias. De un lado, al igual que lo que ocurría en Perú con el financiamiento millonario y clandestino de campañas electorales, la práctica no era ilegal porque quienes se beneficiaban de ella eran quienes hacían las leyes. De otro lado, pese a haber sido proscrita, la práctica continuó por algún tiempo. Según el politólogo Heinrich Oberreuter, tras cinco décadas de gobierno ininterrumpido de la USC, todas las élites públicas habían formado “una suerte de círculo cerrado”.
Algo similar habría ocurrido durante el gobierno federal de Helmut Kohl, entre 1982 y 1998. Una investigación parlamentaria sugirió que su partido había recibido donaciones no declaradas por parte de empresas fabricantes de armas, las cuales asoció con la aprobación por su gobierno de ventas de armamento a la monarquía saudí. Finalmente, contando con la admisión del propio Kohl, se estableció que su partido había recibido entre 1993 y 1998 cerca de dos millones de marcos en donaciones no declaradas.
Un último ejemplo de cómo las instituciones importan más que las personas, es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparencia Internacional de 2019. Este constataba que, como siempre, “las economías nórdicas destacan como líderes en el IPC”. Pero añadía que algunas de sus empresas, las cuales jamás delinquieron en sus países de origen, estuvieron involucradas en múltiples actos de corrupción en otras regiones del mundo.
