Chile es y, seguirá siendo, uno de los países más gravemente dañados por la crisis climática. Es que la megasequía que azota al país por más de una década, los incendios forestales que destruyen miles de hectáreas de bosques, afectando su flora y fauna; los aluviones, temporales y temperaturas extremas, han sido solo algunas de las consecuencias. El gran responsable es el ser humano y debemos hacernos cargo, aunque pertenezcamos a un lejano rincón del planeta y no aportemos más del 0,26% del CO₂ mundial.

Naciones Unidas advirtió que la Tierra podría ser un "infierno inhabitable", ya que en los últimos 20 años se produjeron 7.348 desastres naturales en el mundo, aumentando peligrosamente a un 74,4%. Catástrofe que cobró 2,3 millones de vidas humanas y afectaron a más de 4.200 millones de personas, generando pérdidas económicas por casi US$ 3 trillones.

En este escenario, nos deberemos obligar y exigir, que la nueva Constitución resguarde la convicción de que nuestro gran bien común; nuestro entorno, nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza y medioambiente, son invaluables. Deberemos garantizar el cuidado y protección del lugar donde vivimos y el que queremos entregar a las futuras generaciones. Las dimensiones ecológicas y sociales deben ser un rango de máxima jerarquía en la nueva Carta Magna y un concepto que debe conducir a un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad.

Asegurar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y preservar la naturaleza, son deberes del Estado, presentes en la actual Constitución. Sin embargo, nuestra historia medio ambiental ha develado que no por ello, la tarea queda resuelta. Afortunadamente, poco a poco la conciencia verde y la instalación de una economía sostenible se está arraigando fuertemente en nuestra sociedad y muy positivamente en el mundo empresarial.

El gran desafío de nuestro proceso constitucional debe incluir y poner en valor, la protección de los ecosistemas, contemplar el mantenimiento y la recuperación de los bienes comunes, la producción, extracción y consumo sostenible y, por supuesto, la equidad social frente al medioambiente.

Hay que asentar, las bases del respeto por la madre tierra y sus comunidades a través del Estado, y que se consolide transversalmente en todas las áreas y disciplinas. Un cambio cultural clave para el futuro de Chile donde ya se está instalando el impulsar un sistema financiero orientado a la inversión sostenible que se ocupa del crecimiento económico, del cuidado de la salud de las personas, la reducción de emisiones y el pilar social.

Así, el gran desafío país es aprovechar esta oportunidad histórica para converger e inspirarnos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que impulsa la Agenda 2030 de la ONU, y así, transformarnos en líderes de una nueva era para Chile y la humanidad.