A casi un año del inicio del estado de emergencia en Perú, algunas cifras demuestran la gravedad del daño causado por la pandemia del COVID-19; el PIB cayó en 11,1% en 2020 (en 1989 a causa de la hiperinflación el PIB cayó -12,3% y su mayor caída fue de 32,9% por la Guerra con Chile). Se han perdido aproximadamente tres millones de empleos, la pobreza habrá crecido en 10 p.p. respecto a 2020 con tres millones de nuevos pobres y la informalidad sigue en ascenso. A esto se agrega que, según la fuente, entre 46.000 y 110.000 peruanos han muerto víctima del COVID-19, con los enormes costos psicológicos por dichos fallecimientos. A esto se debe agregar que la corrupción se ha mostrado en toda su dimensión, debilitando la desconfianza en las autoridades, carcomiendo el aparato público, así como el escaso capital social del país. En otras palabras, las pérdidas por la pandemia son inconmensurables y no se recuperan solo con un rebote económico ni con propuestas populistas.
Hasta el cansancio escuchamos que la pandemia ha puesto al descubierto todas las debilidades de nuestra gestión pública. Aunque no es sorpresa pues hasta antes de la pandemia nuestro “milagroso” crecimiento económico se evitó invertir en fortalecer la madurez institucional del Estado. Sin embargo, pronto llegará el momento en que volveremos a una relativa normalidad y ante eso hay dos actitudes posibles de parte de las autoridades: i) retomar el rumbo previo a la pandemia (¿había alguno?); y ii) con todo lo aprendido, establecer un rumbo estratégicamente mejor al anterior; lo cual supone que nuestro Estado está diseñado para aprender de sus errores; no tengo claro que así sea.
Así, nuestras autoridades y las que desean serlo deben definir con sus decisiones si lo que ha dejado la pandemia lo tratarán como un “costo” o como un “gasto”. Que sea un gasto significa que es algo que se perdió, fungible, se lo tiran a la espalda y siguen como si nada hubiera sucedido; todo fue un mal sueño. Si fuera un costo, significa que todas esas pérdidas deben necesariamente aprovecharse y convertirse en mayor bienestar futuro; hacer que esas pérdidas valgan la pena. Esto implica generar el sentido de urgencia para diseñar un nuevo futuro del Perú con miras al desarrollo, dejando de hablar de recuperación, rebote y simple “creación” de empleos. Se trata, ahora más que nunca, de un tema de calidad del crecimiento, justamente lo que nuestras autoridades nunca demostraron comprender.
Hay cuatro tipos de capital que un país necesita para lograr el desarrollo sostenible: capital físico o material, el capital natural, el capital humano y el capital social. La pandemia ha erosionado los capitales más débiles y difíciles de recuperar: el capital humano y el capital social, lo que nos hace más lentos en la carrera de la recuperación y el desarrollo.
El compromiso de nuestras próximas autoridades debe ser convertir las pérdidas de la crisis en la oportunidad para romper la inercia de nuestro desempeño económico y social de los últimos años. Establecer desde el inicio una ruta estratégica de mediano plazo que brinde a los ciudadanos más vulnerables y a aquellos que están naciendo, un futuro con mayores oportunidades, real movilidad social y planes de contingencia ante futuras amenazas (un gran terremoto, una nueva pandemia u otra crisis de similar envergadura). Restablecer un nuevo contrato social en Perú requiere de compromiso de ciudadanos y del Estado.
Con debilitado capital humano y escaso capital social nunca habrá desarrollo. Por ello, convertir las pérdidas en un costo para dar un verdadero salto al desarrollo es la responsabilidad de las nuevas autoridades quienes a través de su liderazgo deben conducir a la ciudadanía y demás participantes en el esfuerzo participativo hacia un mejor Perú.
