En el contexto empresarial, el respeto de los derechos de las personas funciona como una hoja de ruta hacia diversas temáticas de gran relevancia para las organizaciones, tales como el concepto amplio de desarrollo sostenible, la gestión de los riesgos externos a la empresa, el cumplimiento normativo y la generación de una cultura cohesionadora y productiva.
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU buscan que tanto el Estado como las empresas se comprometan a respetar los derechos de las personas y relevar los derechos fundamentales dentro de las organizaciones. Ellos proponen tres medidas esenciales, con sus respectivos responsables: Proteger (Estado), Respetar (Estado y empresas) y Remediar (empresas). Estos derechos, derivados de la naturaleza humana, están reconocidos internacionalmente en la Carta de los DD.HH. y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mientras la Unión Europea avanza en la adopción de la Debida Diligencia, para identificar impactos sociales al interior de la empresa y con relación a sus grupos de interés, en Chile todavía son pocos estos procesos realizados. La participación significativa de algunas empresas y expertos independientes, ha mejorado la gestión corporativa al permitir la incorporación de nuevas perspectivas en el manejo de estos riesgos, lo que, a su vez, mejora la gestión interna de temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La metodología de debida diligencia ha demostrado ser efectiva para identificar oportunidades y mejoras que benefician tanto a la empresa como a la sociedad. Así, las empresas estatales deben movilizarse también en este camino, permitiendo a la sociedad conocer sus principales riesgos en esta materia.
En Chile, en julio de 2023, se anunció el comienzo de la elaboración de un anteproyecto de ley de debida diligencia en derechos humanos, para ser presentada al Congreso este año. Por su parte, la Norma General 461 de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) de noviembre de 2021, exige que las empresas sujetas a su fiscalización indiquen en sus memorias anuales si adhieren o no a los Principios Rectores u otros estándares equivalentes, y describan cómo integran criterios en su gobernanza y gestión de riesgos. También la adopción transversal de los Principios Rectores en las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE y la metodología GRI (Global Reporting Initiative), utilizada por la mayoría de las empresas que reportan en Chile, fortalece la conducta empresarial responsable.
Desde Pacto Global, en el grupo de trabajo de Derechos Humanos y Empresas, avanzamos y compartimos experiencias en estos temas y consideramos importante dar pasos en esa dirección, lo que nos llevó al diseño de una matriz de riesgo, herramienta práctica que permite a las organizaciones prepararse antes de llevar a cabo un proceso de debida diligencia que es más exhaustivo y riguroso, y que implica una intensa recopilación de datos e indicadores. Así, es importante ir avanzando con medidas facilitadoras que apunten a la construcción de esta cultura empresarial que respete y promueva los derechos de las personas, ya que es un pilar fundamental del desarrollo sostenible y de la cohesión social.
