En 1959, John F. Kennedy afirmó en un discurso que la palabra crisis escrita en chino está compuesta por un carácter que representa la idea de peligro y otro que representa la idea de oportunidad. Y aunque dicha asociación ya ha sido calificada por expertos como engañosa e imprecisa, la actual crisis de COVID-19 tampoco ha escapado a esa construcción motivacional en medios y eventos refiriéndose a la aceleración digital, la salud pública, la educación a distancia, o la economía digital. Por ejemplo, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, aboga por un “gran reseteo” de nuestras sociedades, economías y gobiernos.
En América Latina el contexto de crisis trae, más bien un preocupante y letal oportunismo en un contexto marcado por condiciones preexistentes asociadas a la corrupción. El mercado garantizado de suministros médicos necesarios para atender pacientes con COVID-19, sumado a la urgencia con que dichos bienes se necesitan ofrece una irresistible oportunidad de negocios para los grupos del crimen organizado que buscan expandirse a nuevos mercados, generando problemas como la falsificación de medicinas, la baja calidad de los productos, la colusión entre proveedores e incluso sobreprecios en el último artículo que se requiere cuando se materializa el peor de los escenarios: las bolsas para los cadáveres. Ni siquiera la muerte escapa a las redes de criminales que depredan los recursos públicos para atender la emergencia. En la región, esta otra pandemia de la corrupción puede ser tan letal como la sanitaria.
Las ventanas de corrupción en los procesos de abastecimiento de medicinas y equipamientos para atender la pandemia se están presentando prácticamente en toda América Latina. Por ello, el control a los gastos y las compras públicas de emergencia se están volviendo una prioridad para muchos gobiernos, así como la sociedad civil y los medios de comunicación. Gracias a los progresos con las contrataciones electrónicas en la región, los datos relacionados con las compras gubernamentales son abiertos, permitiendo una mayor exposición y vigilancia sobre las actuaciones de los gobiernos.
Con la crisis, los datos abiertos se han convertido en los mejores aliados contra la corrupción y el fraude, como señala un informe de CAF. Por ejemplo, en Paraguay, las regulaciones están obligando al gobierno a rendir cuentas cada dos meses, en formato de datos abiertos y apoyado por una plataforma de visualización sobre sus compras de emergencia y el uso de los fondos para la reactivación. En Perú se están generando alertas por cartelización para el suministro de insumos hospitalarios gracias a la disponibilidad de los datos.
La masiva generación de contratos y la apertura de información crean una oportunidad invaluable para que nuevas tecnologías basadas en analítica de datos se usen en la detección, no de casos aislados de corrupción como los mencionados, sino en la prevención de riesgos en las todas las contrataciones públicas. Una primera solución ha sido la adopción de estándares de compras abiertas por algunos países, el Open Contracting Data Standard (OCDS). Este describe cómo publicar información y documentos en todas las etapas del proceso de contratación, de modo que aumenta la transparencia y permite un análisis más exhaustivo de los conjuntos de datos. Este estándar ha sido adoptado por la Unión Europea y por más de 30 gobiernos en el mundo, como Australia, Chile, Colombia, Francia, Paraguay y el Reino Unido. Algunas ciudades, como Buenos Aires, también se comprometieron a regir sus contrataciones bajo este estándar. Contar con datos de calidad, abiertos y reusables permite desplegar más ágilmente técnicas de analítica avanzada.
Pero la ausencia de datos lo suficientemente estructurados y depurados no es una barrera insondable en el mundo de la analítica y el uso de tecnologías como el aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial. Brasil con el aplicativo ALICE y Colombia con el aplicativo OCEANO están en capacidad de rastrear de modo masivo riesgos de corrupción a partir de la información publicada a través de las agencias de compra pública.
El uso de estas técnicas de analítica de datos permite a los gobiernos pasar de un enfoque reactivo y motivado por denuncias a uno proactivo y preventivo. La potencia de las máquinas y programas para procesar datos también incrementa la celeridad de las investigaciones judiciales y administrativas. Sin embargo, su éxito descansa en buena medida en la disponibilidad de los datos para trabajarlos. La mayor parte de la inversión de los proyectos de aprendizaje automático y analítica avanzada están consumidos en “limpiar” los conjuntos de datos, dedicando tan sólo el 18% del tiempo al desarrollo de algoritmos y puesta a prueba de modelos.
Para responder a este reto, varios países buscan organizar sus datos y apalancarlos en la lucha contra la corrupción, con apoyo de CAF. Por ejemplo, Ecuador está evaluando la calidad y disponibilidad de 30 conjuntos de datos que, cuando se cruzan, permiten detectar riesgos de corrupción. En Colombia, la Secretaría de Transparencia del presidente Iván Duque busca desarrollar un "data-lake" que le permita reunir datos con diferentes niveles de estructuración y cruzarlos para identificar en tiempo real riesgos de corrupción, no sólo en la contratación pública pero también en el otorgamiento de licencias o generación de regulaciones.
William Edwards Deming, un estadístico histórico norteamericano, solía decir que “en Dios confiamos; todos los demás que aporten datos”. Superar retos en materia de calidad de datos, así como de inversión para aumentar poder de procesamiento de las entidades de control abriría la puerta a políticas anticorrupción cuyo poder de disuasión descanse en su capacidad de predicción y de anticipación. Frente al oportunismo que agentes de corrupción y crimen organizado cultivan en emergencias como COVID-19 está la oportunidad que ofrecen los datos abiertos para exponer sus redes y prevenir sus delitos.
*Con la colaboración de Carlos Santiso, director de Innovación Digital del Estado en CAF
