En un artículo anterior mencioné el comunicado del principal gremio empresarial peruano (Confiep), en contra del Acuerdo de Escazú. Según el comunicado, dicho acuerdo implicaría “la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional”, dado que el Estado peruano “podría ser acusado ante Cortes Internacionales”. Indicamos entonces que eso no era cierto (por ejemplo, el artículo 3 del acuerdo establece el “Principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales”), y que, de cualquier modo, desde hace décadas el Estado peruano admite la posibilidad de ser acusado ante cortes internacionales (al adoptar, por ejemplo, el Pacto de Bogotá y el Pacto de San José).
De hecho, sectores conservadores que se opusieron con ese tipo de argumentos al Acuerdo de Escazú (como la Confiep o la Coordinadora Republicana, de la cual es Vicepresidente el ex Premier Ántero Flores-Aráoz) no tienen problema con que el Estado peruano sea acusado ante cortes internacionales cuando se trata de acuerdos con los que coinciden. Por ejemplo, los acuerdos de protección a la inversión extranjera o los capítulos sobre protección a la inversión extranjera contenidos en algunos acuerdos comerciales. Al 31 de octubre de 2019 el Estado peruano había suscrito 29 tratados bilaterales de inversión y nueve acuerdos comerciales que contenían capítulos de protección a la inversión extranjera. Bajo esos acuerdos, empresas extranjeras como Odebrecht (pero no las empresas nacionales) pueden demandar al Estado peruano ante instancias internacionales de arbitraje, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Es decir, se trata de acuerdos que someten en forma explícita al Estado peruano a la jurisdicción de cortes o instancias de arbitraje internacionales. Pero cuando se planteó la posibilidad de que la negociación comercial con los Estados Unidos (que incluía un capítulo sobre protección a la inversión extranjera), pudieran entrar en conflicto con la normativa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en lugar de oponerse a esa negociación por razones de soberanía, la Confiep propuso que Perú se retirase de la CAN.
Menciono el tema dado que en días recientes el estado de la democracia en el Perú fue objeto de pronunciamientos críticos a nivel internacional, desde gobiernos como el británico hasta organismos intergubernamentales como la OEA, pasando por organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch. Cuando ello ocurre, nuestros conservadores suelen refutarlos no tanto con base en su contenido sino alegando que infringen nuestra soberanía. Son los mismos sectores que, en ocasiones, solían referirse al expresidente Martín Vizcarra como un “dictador castro-chavista”. Es decir, el mismo “chavista” que reconoció como presidente legítimo de Venezuela no a Nicolás Maduro, sino a Juan Guaidó. Y el mismo “dictador” que fungió como anfitrión del Grupo de Lima, cuyo propósito declarado es contribuir a reestablecer la democracia en Venezuela. El Grupo de Lima, a su vez, fue creado para contrapesar la ausencia de la mayoría necesaria dentro de la OEA para invocar la Carta Democrática Interamericana en el caso venezolano. Carta que, a su vez, fue aprobada en Lima el fatídico 11 de septiembre de 2001. Y cuando el gobierno chavista de Venezuela alegaba que todo ello infringía su soberanía, desde países como el nuestro se le recordaba que el propio Hugo Chávez había suscrito la Carta Democrática Interamericana. Es decir, se argumentaba que nadie le imponía nada: sólo se le pedía al gobierno venezolano que cumpliera con las condiciones en materia de institucionalidad democrática que había aceptado voluntariamente.
Por eso diría que la actitud frente a los pronunciamientos internacionales provee un indicador fiable de las convicciones democráticas de cada cual. A quien respaldó esos pronunciamientos para el caso de Venezuela, pero los rechaza para el caso de Perú, tal vez le preocupe menos la soberanía que las prerrogativas que le permitiría una regresión autoritaria. Por ejemplo, disparar contra manifestantes desarmados o intentar tomar control del Tribunal Constitucional.
