Un mensaje en redes sociales atribuido a Vladimir Putin (pero en realidad apócrifo) se pregunta si países como Estados Unidos e Israel alguna vez fueron sancionados por las violaciones al derecho internacional que se les imputan (paradójicamente, alegar que existe un doble estándar al sancionar esas violaciones implica admitir que las cometiste).
Las violaciones al derecho internacional atribuibles a Rusia en Ucrania son múltiples. En primer lugar, la anexión de Crimea en 2014 viola el principio según el cual es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. En segundo lugar, según la Carta de las Naciones Unidas, los Estados sólo pueden emplear la fuerza en legítima defensa en caso de ataque armado o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la paz y la seguridad internacionales: ninguna de esas condiciones se cumplió en Ucrania ni en 2014 ni en 2022. En tercer lugar, hay indicios de violaciones sistemáticas al derecho internacional humanitario por parte de Rusia. Por ejemplo, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, acusó el 30 de marzo a Rusia de lanzar al menos 24 ataques con bombas de racimo contra zonas pobladas de Ucrania (acusación que también formulan Amnistía Internacional y Human Rights Watch). Es decir, Rusia no sólo inició una guerra de manera ilegal, sino que libra esa guerra con medios ilegales: eso contribuye a explicar las sanciones en su contra que han adoptado múltiples países.
Pero es cierto que Estados Unidos e Israel pueden ser acusados de haber violado las mismas normas de derecho internacional sin haber padecido las mismas consecuencias. Al igual que ocurre en Ucrania, por ejemplo, la invasión estadounidense de Iraq en 2003 no cumplió con ninguno de los criterios que harían legal el uso de la fuerza. En ambos casos, además, existen indicios de la comisión de crímenes contra el derecho internacional humanitario (por ejemplo, un estudio de investigadores de la Universidad John Hopkins para la revista The Lancet estimó en más de 600,000 las personas muertas entre 2003 y 2006 como consecuencia directa o indirecta de la invasión y ocupación de Iraq).
El principio de la “inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante la guerra” aparece con esa formulación en la resolución 242 de 1967 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual por ello exige el “Retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante el reciente conflicto”. Dado que, 55 años después, ese retiro no se ha producido, diversas resoluciones del propio Consejo de Seguridad (como la 2334) llaman a Israel “Potencia ocupante”, y le conminan a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional en “los Territorios Palestinos ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén Oriental”. Esa es la razón por la cual la anexión de Jerusalén oriental por parte de Israel viola el mismo principio que violó Rusia al anexar Crimea (pese a lo cual, el gobierno ucraniano reconoció la anexión israelí). En cuanto al derecho internacional humanitario, entre las múltiples acusaciones formuladas por instancias de la ONU en contra de Israel también está aquella que hoy se formula contra Rusia: el empleo de bombas de racimo en zonas pobladas.
Hoy Estados Unidos formula acusaciones en contra de Rusia por el empleo de bombas de racimo, pero tanto ese país como Israel las emplearon en el pasado y ninguno de ellos es parte de la convención que busca prohibirlas. Biden, además, exige que Putin sea juzgado por crímenes de guerra, pero Estados Unidos e Israel no sólo no son parte de la Corte Penal Internacional (CPI, encargada de juzgar ese tipo de crímenes), sino que Estados Unidos llegó a sancionar a la fiscal general de la CPI por abrir investigación en contra de todas las partes involucradas en posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza y en Afganistán.
