Cuando el policía Derek Chauvin presionó con su rodilla el cuello de George Floyd hasta provocar su muerte, algunos analistas sostuvieron que no había que apresurarse en calificar el hecho como un incidente racista. Después de todo, según esa lógica, no había evidencia concluyente de que Chauvin tuviera prejuicios raciales. Otros analistas, sin embargo, respondieron que, con prescindencia de lo que pensara Chauvin, Floyd podría ser víctima del racismo sistémico que caracterizaría al sistema de justicia estadounidense.

Si se pregunta en qué consistiría ese racismo sistémico, comencemos por establecer lo que sí sabemos del oficial Chauvin. Sabemos que dio muerte a George Floyd a vista y paciencia de diversos transeúntes, incluyendo aquellos que filmaron la escena. Sabemos también que al ocurrir los hechos acumulaba 17 quejas en su contra, las cuales solo produjeron dos reprimendas: Chauvin parecía suponer que, bajo circunstancias normales, un uso excesivo de la fuerza por su parte permanecería impune. Por ejemplo, entre 2003 y 2017 policías dieron muerte a 7.663 personas, por las cuales se formularon cargos contra 95 policías, de los cuales solo 48 fueron condenados: según diversos indicios (como la existencia de evidencia fílmica), esa baja tasa de acusaciones no obedecería al hecho de que los oficiales cumplieran a cabalidad con normas razonables sobre el uso de la fuerza. Además, según Shaila Dewan del New York Times, incluso cuando los policías procesados son declarados culpables de un delito, en un 46% de los casos son repuestos en sus cargos a través de procesos de apelación.

Existen varias razones para explicar ese grado de impunidad. Una es el respaldo político que suelen recabar los sindicatos policiales (de los republicanos porque buscan ser el partido de la ley y el orden, y de los demócratas porque buscan ser el partido de los sindicatos). Una segunda razón es la relación simbiótica que suelen establecer fiscalías y policías. De un lado, los sindicatos policiales respaldan candidatos afines en los procesos de elección de fiscales. De otro, las fiscalías dependen de la cooperación policial para conseguir la evidencia que necesitan para fundamentar sus acusaciones.

Suponiendo que los fiscales formulen acusación penal contra un policía, el siguiente obstáculo para obtener una sentencia condenatoria es el principio legal de “inmunidad calificada”. Este busca proteger a la policía al establecer una condición adicional en procesos por uso excesivo de la fuerza: para condenar no basta con establecer que ese uso excesivo de la fuerza ocurrió, además es necesario establecer que los inculpados violaron “un derecho legal o constitucional que una persona razonable debería conocer”. A su vez, la Corte Suprema definió como criterio fundamental para establecer lo que una persona razonable debería conocer, los precedentes judiciales en casos similares.

Aunque ello parezca, digamos, razonable, el problema es que las cortes, en general, y la Corte Suprema, en particular, tienden a establecer un umbral virtualmente inalcanzable de similitud entre dos casos para considerar que cierto precedente judicial es relevante. En el ejemplo que pone un reporte de la agencia Reuters, según las cortes, las siguientes no son conductas similares: “soltar un perro policía para morder a un sospechoso inmóvil en una quebrada tupida” por contraposición a “soltar un perro policía para morder un sospechoso obediente en un canal en el bosque”. Es decir, aunque las conductas descritas sean esencialmente las mismas, se invocan circunstancias intrascendentes (como el entorno en el que ocurrieron los hechos), para negar la pertinencia del precedente.

Al sesgo sistémico en favor de la impunidad policial se suma el sesgo racial en los casos de uso excesivo de la fuerza: bajo circunstancias similares, los afro-americanos padecen un riesgo varias veces mayor de ser víctimas de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía que los blancos no hispanos, e incluso que otras minorías étnicas (tema que abordé antes y espero retomar en otra ocasión). La conjunción de ambos sesgos configuraría el denominado racismo sistémico.