El objetivo es claro: perseverar en el poder más allá de 2024 a cualquier precio. Enseñar el cobre es la última novedad de los transformadores de cuarta.

La legislación electoral vigente en materia electoral se remonta a los 90, en el contexto de interminables disputas electorales que impedían gobernar en una multiplicidad de estados y municipios. El Instituto Nacional Electoral (INE) -y su predecesor, el IFE- nació para resolver, de una vez por todas, los conflictos de aquella época. Sus promotores soñaban con que, resuelto el asunto electoral, el futuro del país sería virtuoso. La elección presidencial de 2006 -en la que AMLO perdió, pero nunca concedió- probó lo errado de esa hipótesis, y constituye el origen remoto de la nueva iniciativa.

La reforma propone disminuir el costo del sistema electoral, reducir el número de legisladores en ambas cámaras, eliminar las instituciones electorales como hoy existen y modificar la estructura de representación a nivel estatal y municipal, también con una lógica presupuestal. Si uno se adentra en el espíritu de la iniciativa, es claro que el objetivo es tanto presupuestal como político.

Dos rubros de gasto constituyen el corazón del asunto presupuestal en el ámbito electoral: uno son las transferencias hacia los partidos políticos (parte para su funcionamiento y parte para las campañas); el otro es la estructura del aparato electoral mismo. La iniciativa es peculiar porque el financiamiento gubernamental de los partidos políticos fue una demanda expresa del PRD en las negociaciones de 1996 con el argumento de que a) con eso se eliminaría el riesgo de convertir a los partidos en medios para el lavado de dinero; y, b) para asegurar iguales condiciones de acceso y competencia electoral.

En su esencia, el planteamiento consistía en adoptar el modelo europeo para el sistema electoral en vez del norteamericano, donde cada partido busca sus propias fuentes de financiamiento. No era un mal argumento, pero es irónico que un gobierno originalmente emanado del PRD sea el que quiere desmantelar aquella estructura.

Por lo que toca al aparato electoral, éste es sin duda pesado porque se trata de una estructura permanente que funciona a toda intensidad sólo en periodos de campaña: antes, durante y después de cada vez que hay comicios. La mayoría de las naciones no mantiene una burocracia electoral de manera permanente, pero su existencia la explican los conflictos que originalmente dieron pie a la creación del IFE: las desconfianzas eran tales que los partidos acordaron una estructura costosa, pero confiable, para garantizar que se cumpliera religiosamente con el mandato popular.

Es obvio que se pueden disminuir muchos de estos gastos, pero antes habría que preguntar a) si ¿hay garantía de que no volvería la conflictividad y las desconfianzas bajo un nuevo esquema, siendo que es el partido en el gobierno el que siempre disputa los resultados? y b) ¿hacia dónde se dirigirían los fondos ahorrados?

Por el lado político, la reforma propone reducir drásticamente el número de legisladores con la lógica de bajar su costo. Significativo en su planteamiento es que no hay una sola consideración en el texto de la iniciativa que muestre preocupación por la representación de la población en el congreso, la capacidad de los legisladores para cumplir con su responsabilidad o los efectos de un menor número de legisladores sobre el sistema de división de poderes. O sea, al diablo los contrapesos.

No hay discusión alguna sobre estos rubros por una sola razón: el presidente no concibe al poder legislativo como parte de un sistema de pesos y contrapesos, sino como un instrumento para ratificar las decisiones presidenciales. Como en la vieja era priista, el presidente no quiere discusión ni argumentos, o que se le cambie “ni una coma” a sus iniciativas, sino que se voten tal y como él las envía.

En una palabra, se trata de recrear el viejo sistema político monopólico que respondía a una sola persona y donde la ciudadanía no existía ni tenía presencia o derechos. Se trata de centralizar el poder, eliminar contrapesos y garantizar la permanencia de la actual pandilla gobernante en el poder.

La pregunta pertinente sería sobre las consecuencias de implementar un sistema como el propuesto por el presidente. El tiempo daría la respuesta, pero es necesario especular sobre sus implicaciones: ante todo, la iniciativa supone que la ciudadanía es una acumulación amorfa de zombis que se alinean y responden a la voluntad presidencial sin chistar. Segundo, el objetivo es disminuir o eliminar a los partidos políticos de oposición (lo cual, presumiblemente, incluiría a los satélites de Morena como el Verde y el PT porque ya no le serían útiles); y, finalmente, en tercer lugar, el enorme ahorro que representaría la disminución de instituciones, entidades, legisladores y paleros se encaminaría directamente a las transferencias para sus clientelas, o sea, para hacer dependiente del presidente a una población cada día mayor.

El plan es maquiavélico para quien está en el poder. Para la ciudadanía, el mensaje lo articuló Stalin hace varias décadas: “no importa por quien se vote; lo que es extraordinariamente importante es quién cuenta los votos y cómo".