Los recortes de diciembre y los despidos de mayo quedaron atrás. Y aunque persisten los litigios en torno a la austeridad, ésta se instala con despidos, entierro de programas, cancelación de obras, eliminación de puestos y oficinas.

Así que la estrategia no sólo avanza, sino que escala al desmantelamiento de todo aquello que, acusa el presidente López Obrador, era espacio de saqueo y corrupción.

Eso es lo que está caracterizando al verano mexicano: el fin de mecanismos administrativos, de relaciones políticas y contrapesos que ya no servían.

Es un desmantelamiento que en junio tomó forma y fondo cuando las Secretarías de Bienestar y de Hacienda le rechazaron la primera recomendación del sexenio al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, en defensa de las estancias infantiles.

La respuesta fue un pronunciamiento que descalificó al organismo autónomo en su tarea y como interlocutor del gobierno.

Organizaciones civiles, personalidades e instancias internacionales han ventilado su preocupación por esa postura. Pero esos señalamientos no empañan la expectativa de que López Obrador es y será un presidente comprometido con el respeto a los derechos humanos.

Todavía más: la esperanza puesta en la Guardia Nacional por los mexicanos que habitan en regiones asoladas por la violencia es de tal dimensión que, este jueves, le permitió al lúcido presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, decir que esa nueva corporación es “como la Virgen de Guadalupe con pistola”.

Y la esperanza se sustenta en la credibilidad que tiene el Presidente de la República.

Por eso el verano del desmantelamiento incluye las exequias de la Policía Federal, una corporación que se pudrió, nos dijo López Obrador, cuando tomó la tarea de explicar por qué no eran legítimas las protestas de los inconformes.

A dos semanas de aquel conflicto, aderezado por la versión de que el exmandatario Felipe Calderón estaba detrás de los rebeldes, el Presidente celebró ayer que el conflicto se haya desinflado. Y sí: los reclamos no encontraron eco en una ciudadanía que, según encuestas, confía en que el gobierno resolverá la inseguridad erradicando la corrupción.

Porque aun cuando éste también es el verano de la renuncia de Carlos Urzúa, “por decisiones de política pública sin sustento, imposición de funcionarios sin conocimiento, influyentismo y conflicto de interés”, al final el relevo en la SHCP le permitió a López Obrador convertir a su excolaborador en ejemplo de los representantes del neoliberalismo que se resisten al cambio.

Y si las resistencias desde la oposición son pocas, dada la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso –PT, PES, PVEM–, en esta fase del desmantelamiento, sus representantes se han visto más disminuidos todavía por el salpicadero mediático de los casos de corrupción que en este verano tomaron vuelo.

Así que mientras Javier Duarte y Emilio Lozoya amenazan con involucrar a Enrique Peña y a sus excolaboradores en los casos que la Fiscalía les sigue, ¿qué pueden lograr las críticas de que el desmantelamiento del Seguro Popular es nocivo?

Con lo que sabemos ahora sobre otros gobernadores, ¿qué tanto vale el reclamo opositor de romper la ampliación del mandato que le confeccionaron los panistas al morenista Jaime Bonilla en Baja California?

Ahora que giran una orden de aprehensión en contra del hijo de un exsecretario de Hacienda y se filtra el dato de que el expresidente Vicente Fox no paga impuestos, ¿importa que el INE no tendrá dinero para la credencialización?

Ahora que el video de la boda de la hija de Juan Collado pasó del morbo a las especulaciones cuando el abogado fue detenido por presunto lavado de dinero, ¿puede alguien dudar de que López Obrador le ganará la partida al Poder Judicial en el tema de los salarios austeros y los amparos por el aeropuerto? 

Es cierto que las quejas por el desmantelamiento llegaron hasta los morenistas presidentes de las comisiones legislativas de Agricultura, el senador José Narro Céspedes y el diputado Eraclio Rodríguez, quienes advierten que las cosas en el campo se pueden poner peor ante la clausura de tantas ventanillas.

¿Pueden demostrar que no todos los programas que ahora extrañan estaban infectados de corrupción?

Imposible desmentir a un Presidente con 70% de popularidad. No pueden los afligidos morenistas y no pudieron los despedidos de la agencia Notimex, donde por primera vez hay una gestión que logró lo que sus antecesores intentaron infructuosamente en los últimos 20 años: deshacerse de una dirigencia sindical abusiva.

Y es que, hoy por hoy, desmantelamiento es sinónimo de limpia y el ruido de sus estragos se pierde en la promesa de arrancar el régimen corrupto este año. Desmantelamiento ahora es sinónimo de cambio. Todavía.