Según el informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica, Colombia es el país más desigual en América Latina. El 42,5% de la población colombiana vive en condición de pobreza. De los 17.400.000 pobres que se registraron en 2019, se pasó en el 2020 a la astronómica cifra de 21.021.564. Pobres que subsisten con menos de 331.688  pesos mensuales (menos de US$ 90). Más de  7.470.000 millones de compatriotas están en la completa indigencia sobreviviendo con menos de 145.004 al mes (menos de US$ 40).

Colombia es un país que afronta una pobreza monetaria que pasó del 35,7% en 2019 al 42,5% en 2020, la mayor caída histórica del PIB de un 6,8% y con las altas cifras de desempleo e informalidad. Y en este escenario de pobreza tan grande, el 90% de los recursos de los subsidios del programa de Apoyo al Empleo Formal del gobierno fueron parar a manos las empresas de los grupos económicos más poderosos del país: Grupo Aval, Grupo Ardila, Santo Domingo, Corona, Char, GEA y Gilinski…

La deuda pública durante el gobierno de Duque ha crecido del 47% del PIB al 66%. En cuanto al presupuesto nacional, los gastos de funcionamiento se devoran más del 60%, el servicio de la deuda se lleva la cuarta parte y solo queda para inversión social e infraestructura como un 18%. Entonces, con este panorama económico dramático de tanta pobreza, desigualdades, desempleo, informalidad laboral y crisis económica, el terreno estaba completamente abonado para un estallido social.

El gobierno del presidente Iván Duque y los partidos aliados son los grandes responsables de esta crisis económica y política que tiene en el colapso al país. Las políticas del gobierno frente a la crisis de la pandemia han sido desastrosas y a pesar que el confinamiento contuvo el estallido social de 2019. Sin embargo, agudizó la crisis y las políticas económicas erráticas del gobierno de favorecer los más ricos y golpear a los más pobres con cascadas de impuestos fue la mecha que incendio el polvorín social.

Ahora, la estrategia del gobierno para ocultar sus responsabilidades en la quiebra y en la tragedia que vive el país ha sido la de deslegitimar las protestas con el argumento que la izquierda quiere tumbar al gobierno y acabar con el país, cuando este prácticamente está acabado y en ruinas en sus manos.

Por eso la narrativa de que detrás de las protestas existe una conspiración política desestabilizadora del comunismo cubano y venezolano no se la cree ni Mandrake. Al igual que el argumento de atribuirle a unos pequeños reductos de insurgentes residuales sin capacidades logísticas reales para movilizar a millones de colombianos de las grandes ciudades para tumbar al gobierno e implantar el comunismo cae en el vacío frente a la cruda realidad sobre la pobreza y el hambre que sufren millones de colombianos.

Con esa perversa estrategia pretenden ocultar las razones de fondo del estallido social que se explican en los crecimientos exponenciales de los índices de pobreza, desigualdades y desempleo en las capas sociales más pobres de la población colombiana y la ausencia políticas económicas y sociales del gobierno para sacar a millones de colombianos de la pobreza.

Aquellas perversas estrategias políticas que se hna inventado el gobierno, los partidos aliados y un sector empresarial en el desespero de controlar sus privilegios y el poder, se han ido erosionado. Toda esa estrategia hace parte del libreto de la estrategia militarista neonazi de la revolución molecular disipada, la cual arranco en Cali con las hordas de civiles armados, de agentes de policías vestidos de civiles disparando contra los manifestantes. En ese orden de ideas, ayer en Popayán, el ministro de Defensa, Diego Molano, sacó de la alcantarilla otra de las fases de la estrategia: acusar de criminales a reconocidos líderes sociales del Cauca. Lo que se avecina en los próximos días serán de diálogos dilatorios y el desarrollo de otras fases de la estrategia militarista con el despliegue de un régimen de terror despiadado de asesinatos, desapariciones, montajes judiciales y de enfrentamientos de defensores del gobierno bajo las estrategias de las afectaciones por los bloqueos contra los manifestantes del paro al estilo del chavismo en Venezuela.