La Comisionada de Salud de la Unión Europea (UE) anunció recientemente que evaluará crear un mecanismo para distribuir sus excedentes de vacunas contra el Covid-19 a los países más pobres. Para poner esa información en contexto, habría que recordar dos cosas. Primera, una razón por la que los países más pobres apenas tienen acceso a vacunas es que los países desarrollados acapararon suficientes dosis para inocular a toda su población entre 3 y 6 veces: según Tom Bollyky, del Council on Foreign Relations, Australia, Canadá y Japón tiene menos del 1% de los casos de COVID-19 en el mundo, pero adquirieron más vacunas que toda América Latina y el Caribe, con cerca del 20% de casos.

 No es solo que hayan acaparado la oferta: la gran mayoría de los países desarrollados se opusieron en la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la propuesta de India y Sudáfrica para eximir temporalmente a países en desarrollo de cumplir con los derechos de patente, dada la emergencia sanitaria. De ese modo podrían producir localmente o importar las vacunas a menor costo. Si el lector ingresa a la página web de la OMC, podrá constatar que lo propuesto por India y Sudáfrica está amparado por los cambios que se hicieron en años recientes al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (o TRIPS, por sus siglas en inglés). El antecedente inmediato de esos cambios fue la controversia a inicios de siglo entre compañías farmacéuticas, de un lado, y Brasil y Sudáfrica, de otro, en torno a la producción e importación de retrovirales para tratar el SIDA.

 El argumento de Estados Unidos ante la OMC fue que el respeto a los derechos de propiedad intelectual era clave para facilitar la innovación. Dejemos de lado que esos derechos no existían cuando los países desarrollados adquirieron esa condición, y que las compañías farmacéuticas abusan de ellos (por ejemplo, a través de los denominados “pay for delay agreements”, en los que pagan a fabricantes de genéricos para que no produzcan medicamentos cuya patente acaba de expirar). El argumento de brindar incentivos para la innovación no es aplicable a estas vacunas porque la mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo corrió por cuenta de los gobiernos. De cualquier modo, por el acaparamiento descrito, los países que se beneficiarían de lo propuesto por India y Sudáfrica no tendrán acceso a la oferta comercial de vacunas cuando menos durante 2021, razón adicional para que, como establecen los acuerdos de la OMC, la emergencia sanitaria prevalezca sobre los derechos de propiedad intelectual.        

 Finalmente, dos razones harían que este “Nacionalismo de las vacunas” (como lo denomina la Organización Mundial de la Salud, u OMS), sea contraproducente. La primera es que el prefijo “pan” en “pandemia” significa “todos”. Es decir, la inmunidad de rebaño relevante es la mundial: salvo que los países cierren indefinidamente sus fronteras, nadie estará protegido hasta que todos lo estemos. Y la forma más rápida y económica de conseguirlo no es esperando a que la UE obsequie las vacunas de más que compró, sino financiando la iniciativa Covax Facility.

 No es sólo que habrá fuentes de contagio mientras no se alcance la inmunidad de rebaño mundial, es además que, mientras el virus siga replicándose, aumentarán las mutaciones que podrían producir variantes resistentes a las vacunas. Sabemos ya que las nuevas vacunas (de Novavax y Johnson & Johnson), son menos eficaces frente a la variante sudafricana del virus que causa el COVID-19. Es decir, como con la influenza, habrá que actualizar cada cierto tiempo las vacunas. Pero en el caso de la influenza existe en torno a la OMS un sistema mundial dedicado a rastrear las mutaciones del virus y diseñar una vacuna de uso común: en el caso del coronavirus que causa el COVID-19, no contamos con un sistema similar.