Las revelaciones de la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sobre la autoría del asesinato del ex designado Álvaro Gómez Hurtado, uno de los importantes líderes políticos del partido conservador colombiano en el siglo XX, han desatado un verdadero terremoto político en Colombia. 25 años después, dentro del marco del acuerdo de paz y de la Justicia Especial para Paz (JEP), los ex guerrilleros han dicho que son los únicos responsables del crimen del líder político y ex candidato presidencial.

Se trata de un asunto que por los sesgos políticos la gran mayoría de los colombianos aun no alcanza a comprender y examinar con la profundidad que se requiere. Aquellas revelaciones, aunque tardías, han desnudado de un solo plumazo las profundas falencias que tienen los organismos de inteligencia de las Fuerzas militares y de Policía colombiana. Además de las protuberantes debilidades que tiene como ente investigador la Fiscalía colombiana y otros organismos del poder judicial.

Las revelaciones de las FARC demuestran que Colombia no tiene un sistema de inteligencia idóneo y revelan las profundas fallas de los organismos de inteligencia militar y de policía colombianos. Organismos que con las desviaciones sobre los autores del crimen de Gómez Hurtado han dejado en evidencia las peligrosas politizaciones de las investigaciones de los organismos judiciales y de inteligencia colombianos.

Los críticos del acuerdo de paz tenían como caballito de debate para deslegitimar lo acordado en La Habana que las FARC no habían revelado sus crímenes. Ahora que los ex guerrilleros han reconocido ser los autores del asesinato de Gómez Hurtado, han puesto en duda la veracidad de su versión. Una manera de deslegitimar el acuerdo de paz y ocultar un verdadera debate sobre las debilidades en materia de investigaciones del poder judicial.

Con sus revelaciones sobre su autoría de otros crímenes como los del exsenador Pablo Emilio Guarín, el exministro Jesús Antonio Bejarano, el excomandante del Ejército y ex ministro de Defensa general Fernando Landazábal Reyes y de los exguerrilleros del M-19 Hernando Pizarro Leongómez y José Fador Reyes, las FARC mandan un mensaje claro de su voluntad política de cumplir con lo acordado en La Habana de revelar la verdad y pedir perdón por sus crímenes y atrocidades durante la guerra.

En Colombia se pedía a gritos que los exguerrilleros develaran sus crímenes y ahora que están cumpliendo con una de las columnas vertebrales de la JEP, los críticos del proceso de paz ponen el grito en el cielo y dudando de su versión.

Es evidente que quieren seguir sembrando el odio con fines electorales, y seguirán con su campaña de deslegitimar cualquier versión de los exguerrilleros. Es por eso que para comprender esta versión de las FARC sobre el asesinato de Gómez Hurtado es importante examinar estos hechos en el contexto de su alianza política con  los exguerrilleros del M-19, después de su secuestro, luego el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente.  Y el contexto de la promulgación de la Constitución de 1991, cuando las fuerzas políticas que hicieron la nueva Constitución colombiana en aquella coyuntura mandaron un mensaje nacional e internacional de que se podían hacer reformas sociales y políticas en Colombia sin la lucha armada. Este mensaje dejó a la lucha armada de las FARC en un gran desprecio nacional e internacional. Es en ese contexto político y otros más que se debe examinar el crimen de Gómez Hurtado por los exguerrilleros de las FARC, porque sin ese tipo de análisis del contexto político en aquel periodo, será difícil para muchos comprender actualmente la versión de las FARC. Un asesinato que en la búsqueda de su esclarecimiento causó una profunda división entre las elites políticas colombianas.