Una semana antes de terminar su mandato, y tras el asalto al capitolio, Twitter y otras redes sociales cancelaron las cuentas del Donald Trump después de cuatro años en los que, en la práctica, permitieron al ex presidente utilizarlas sin apenas restricciones.

A finales de enero, apenas 15 días después, varios brókeres online, como Robinhood.com, decidieron limitar motu proprio las operaciones de compra de acciones de Gamestop en medio de una polémica pelea entre Wall Street e inversionistas particulares que estaban generando grandes distorsiones en el valor de varias compañías.

Ambos hechos tuvieron lugar en apenas 15 días, pero también tuvieron otros aspectos en común. Las empresas tecnológicas reaccionaron ante hechos concretos aplicando medidas en base a sus propias decisiones.

Existen otros ejemplos en los que las grandes tecnológicas han impuesto sus prácticas sobre las legislaciones nacionales, o han negociado de tú a tú con los gobiernos, como en el caso del pago a los medios de comunicación por el uso de noticias en redes sociales como Facebook o en buscadores, con resultados diferentes. De esta forma, mientras en Francia Google acordó pagar 63 millones al año a 121 editores, en España canceló su servicio Google News para evitar esos pagos y en Australia está firmando acuerdos con algunos grupos de editores por el uso de sus contenidos.  

Estas situaciones nos desvelan dos aspectos: la tecnología va siempre por delante de la legislación, al generar situaciones antes no contempladas por las leyes, y el tamaño de la grandes tecnológicas, cuyo valor es superior al PIB de muchos estados y su cuota de mercado muchas veces roza el cuasi monopolio, lo que les da un poder pocas veces antes vista en otros sectores.

Esto está generando problemas entre los gobiernos y estas “empresas-estado”. Otro ejemplo lo encontramos con Amazon respecto al uso de los datos generados por sus clientes de Marketplace. La Unión Europea acusa de utilizar los datos generados para su propio uso en detrimento de los pequeños vendedores que utilizan la plataforma, en forma de competencia desleal frente a sus clientes-socios. Un debate similar al generado sobre las políticas de  Google respecto al posicionamiento de sus productos frente a los de la competencia en la página de resultados, en los que, de nuevo, una gran tecnológica es al mismo tiempo árbitro y competidor por un mercado.

Los estados más poderosos del mundo (China, Rusia, la Unión Europea o Estados Unidos) han comenzado a legislar, siempre a remolque, para que la gobernanza de Internet no quede en manos de las decisiones de las propias compañías. ¿Pero posible dado el tamaño de las grandes tecnológicas y sobre todo su carácter global?  Parece difícil sin una coordinación entre los estados.

China, con sus más de 1000 millones de internautas, tiene una de la legislación más duras y limitantes solo posible debido a un sistema no democrático y al gigantesco tamaño de su mercado interno que le permite hacer pasar por el aro a las tecnológicas, e incluso crear alternativas locales a los grandes servicios de Internet.

Estados Unidos está también intentado regular algunos aspectos, al igual que la Unión Europea que, a pesar de sus 400 millones de ciudadanos y US$ 14 billones de PIB está batallando para regular aspectos como el uso de los datos por los gigantes de la tecnología, la competencia o el pago de impuestos por parte de las grandes empresas de Internet. No en por casualidad, la presidenta de la Comisión Ursula Von der Layen, en el último Consejo de Seguridad de Munich hizo un llamamiento a Joe Biden y a Estados Unidos para poner coto a las grandes tecnológicas aduciendo que “no podemos dejar decisiones que tienen gran impacto en nuestras democracias −y economías− en manos de programas informáticos o en los despachos de Silicon Valley”.

Una lucha batalla en la que América Latina tiene difícil hacerse oír. Las principales empresas tecnológicas como Google, Apple, Amazon, Microsoft o Facebook, pero también las chinas Alibaba o Tiktok, entre otros, superan en poder económico y tecnológico a la capacidad de cualquier estado del hemisferio que desee regular sus operaciones. Si, como se dice, “los datos son la materia prima del futuro”, América Latina está lejos de controlar las materias primas que producen sus ciudadanos Una situación que comparten con otros países y regiones menos desarrolladas.

¿Sería útil la creación de un organismo especializado de la ONU que regulara aspectos del funcionamiento de Internet? A lo largo de su historia, el sistema ONU ha creado órganos conexos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y organismos especializados como la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) para regular actividades cuya naturaleza superaba el ámbito nacional de dichas actividades. Pero dado los diferentes enfoques en cuanto a libertades, economía o legislación entre las grandes potencias mundial, parece difícil que sea viable.

Más fácil podría ser, quizás, que esta actividad recayera en un organismo como la OCDE, un emisor de normal internacional que incluye a los principales países europeos, Canadá, Japón, Corea, Estados Unidos además de México, Chile y Colombia, y que pronto podría incluir también a Costa Rica, además de disponer de un sistema de colaboración reforzada con Brasil. Perú y Argentina también han firmado. De hecho, es en el seno de esta organización donde se está intentado desarrollar la base legal de un futuro “impuesto a las tecnológicas” que armonice las iniciativas de diferentes estados.

Las batallas entre los gobiernos y las grandes empresas-estado de Internet en aspectos como el uso de datos o los impuestos no parece que vaya a terminar a corto plazo. Pero un marco internacional común podría ser la base para que los países, especialmente los menos poderosos, puedan pudieran avanzar en el encuadre legal que las nuevas actividades que han surgido en Internet, y otras que emergerán en campos como los datos o inteligencia artificial, de una forma más equilibrada frente a los grandes avances tecnológicos, y las empresas que los dominen.