Cuando subimos una foto a alguna plataforma pública de nuestros hijos, compartimos nuestros datos para una postulación a un trabajo o para sacar una tarjeta de crédito, cuándo observamos una cámara que graba y extrae patrones o cuando recibimos un diagnóstico preventivo que viene de un algoritmo de Inteligencia Artificial, ¿estamos conscientes de lo que esto realmente puede implicar? ¿Sabemos siquiera que está sucediendo? ¿Existe alguna regulación que vaya entonces a hacerse cargo de velar porque la respuesta a estas preguntas sea algo bueno para nosotros?
La reciente aprobación, por parte de la Comisión de Futuro de la Cámara, para legislar sobre la regulación de la robótica y tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial en Chile marca un hito significativo en el desarrollo normativo de las tecnologías de frontera.
El proyecto, nacido de una propuesta parlamentaria y enfocado en crear un área de soberanía digital para los sistemas de inteligencia artificial, tiene como objetivo central lograr un equilibrio delicado. Se pretende garantizar la protección de los derechos fundamentales consagrados por el Estado chileno sin frenar injustificadamente el desarrollo y acceso a estas tecnologías que son cada vez más omnipresentes en nuestra sociedad.
En los fundamentos de esta iniciativa legislativa, se destaca la importancia de alcanzar un equilibrio que salvaguarde los derechos fundamentales de las personas, pero que a la vez permita que se genere un avance necesario en este tipo de tecnologías.
El proyecto propone establecer límites y requisitos de implementación y aplicación, haciendo responsable a cualquier persona, natural o jurídica, que interactúe con sistemas de inteligencia artificial.
La propuesta no solo busca regular la responsabilidad civil y los derechos de propiedad intelectual, sino que también pretende abordar consideraciones éticas fundamentales asociadas con la inteligencia artificial.
Este enfoque ético es un reconocimiento crucial de los desafíos y dilemas que plantea la creciente integración de esta en diversos aspectos de la vida cotidiana. Ejemplos claros de las posibles vulnerabilidades que esta genera han sido mostrado con la creación de imágenes y videos que en muchos casos, incluso pueden incluir a menores de edad.
El proyecto, que inició su trámite en abril de 2023, no solo aspira a reglamentar el ámbito penal, educativo, cultural y audiovisual de la inteligencia artificial, sino que también busca proteger los derechos de propiedad intelectual y la rica variedad de creaciones artísticas y culturales.
Además, destaca la necesidad de proteger a los consumidores y abordar de manera rigurosa el tratamiento de datos personales en el contexto de estas tecnologías emergentes.
De esta manera, la aprobación de esta propuesta legislativa abre la puerta a una discusión democrática sobre las consideraciones éticas y la implementación responsable de la inteligencia artificial.
Al buscar una legislación unificada y coherente, Chile demuestra su compromiso con el manejo ético y efectivo de las tecnologías de frontera, sentando las bases para un desarrollo tecnológico que armonice con los valores y derechos fundamentales de su sociedad.
Algo, que dada la velocidad con las que se están incorporando estas innovaciones, no puede esperar más.
