En un viejo cuento medieval,* famoso en el mundo de los abogados, un rey decide expropiar el predio de un molinero porque le afecta la vista desde su palacio. El molinero acude al tribunal superior en Berlín, quien le concede la razón y obliga al rey a indemnizarlo. De ahí surge la frase “hay jueces en Berlín.” En el contexto mexicano actual, las tres decisiones del tribunal electoral de la pasada semana no pueden calificarse más que de históricas. Al menos, rompen lo que parecía un inevitable deslizamiento hacia el caos.

Dos de las decisiones fueron sobre las candidaturas de dos individuos a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no haber cumplido con el requisito de oportunamente entregar las cuentas de gastos de sus precampañas. Podría parecer una nimiedad, pero se trata de un requisito asentado en la ley (que, dicho sea de paso, se reformó después de las elecciones de 2006 y 2012 para satisfacer las demandas −berrinches es una mejor palabra− del hoy presidente), pero Morena se negaba a aceptar la decisión del Instituto Nacional Electoral. Luego de semanas de estira y afloje −y varias mañaneras saturadas de los usuales insultos− el tribunal, que parecía irremediablemente intimidado y sometido por Andrés Manuel López Obrador, falló a favor de la decisión del INE.

La tercera decisión es mucho más trascendente porque Morena, empleando una serie de trucos al intercambiar diputados de su partido por los de otros fuera de su coalición formal luego de la elección de 2018, acabó con 367 diputados, cuando la constitución establece un límite absoluto de 300 y una sobre representación de no más de 8% en la asignación de diputados por representación proporcional. De haberse respetado esta regla (que está en la ley) en 2018, Morena no hubiera tenido la súper mayoría con la que ha impuesto una enmienda constitucional tras otra sin el más mínimo interés por construir un consenso, que fue la intención y el espíritu del legislador al limitar el número de diputados por bancada: para que tuvieran que negociar.

Independientemente de la (baja) probabilidad de que Morena y sus aliados pudieran repetir el éxito electoral de 2018 en junio próximo, el fallo es histórico porque falló en contra de AMLO. Más allá de lo sustantivo (que no es excepcional), el tribunal osó desafiarlo, un hito en lo que va de esta administración y de ahí su extraordinaria trascendencia.

El fallo del tribunal respecto a la sobrerepresentación toca el corazón de mucho de la disputa que ha caracterizado al país en las últimas décadas. Desde los años sesenta del siglo pasado, el país ha vivido una disputa sobre su futuro: unos quieren retornar al nacionalismo revolucionario, otros quieren un país moderno, abierto al mundo. La expropiación bancaria en 1982, una decisión visceral que dividió al país, contrapuso las dos posturas e inauguró una era en la que se reformó la constitución de manera repetida (y contradictoria) sin intentar construir un consenso para conferirle longevidad a las reformas. Durante los 90, las reformas se construyeron entre el PRI y el PAN, dejando afuera al PRD. La reforma electoral de 1996 fue consensuada entre los tres partidos, pero la ley reglamentaria ya no fue apoyada por el PRD. Las reformas que siguieron, especialmente las del gobierno de Peña Nieto, alienaron a la mitad del electorado, abriendo la puerta para la reversión que ahora ha llevado a cabo López Obrador. El punto es que el conflicto político se refleja en la forma de legislar, especialmente en materia constitucional, agudizando las diferencias y polarizando al país. En lugar de sumar, se impone a fuerzas y se acaba restando. López Obrador no inauguró esta forma de proceder, solo la está exacerbando.

En circunstancias normales, los fallos del tribunal electoral de esta semana hubieran sido cosa de todos los días, pues no son excepcionales ni rompen con grandes precedentes. Sin embargo, en el contexto actual, constituyen verdaderos hitos que no pueden ser desdeñados ni minimizados. En línea con la manera profesional y valiente con que han actuado los jueces de distrito en materia eléctrica y, recientemente, de los datos biométricos para el uso de teléfonos celulares, el tribunal electoral se impuso por encima de las preferencias de un presidente que no escatima amenazas ni insultos para intentar salirse con la suya.

La bolita pasa ahora a la cancha de la Suprema Corte de Justicia, que tiene decenas de asuntos pendientes, todos ellos candentes y de la mayor trascendencia. Confiadamente, los ministros que la integran leerán el evidente mensaje que los fallos de esta semana entrañan. En manos de la Corte se encuentran decisiones clave respecto a las libertades de los mexicanos, la vigencia de la constitución, los derechos individuales y un sinnúmero de amparos congelados por órdenes de quien no debería mandarlos. Quizá esto sea pedirle peras al olmo dada la manera de responder del ministro Zaldívar al asunto del transitorio, pero ciertamente no lo es para la ciudadanía.

Sea como fuere, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuaron de manera independiente en un momento clave para México. Una de cal por muchas de las que van de arena.

*un excelente análisis del cuento se encuentra en Hay jueces en Berlín, De José Esteve Pardo, Marcial Pons.