Un problema se ha hecho evidente en cualquier país que tenga un alto número de inmigrantes: el poder acceder a atención sanitaria que no derive en su identificación como residente “irregular” y posible extradición por la vía administrativa.

El miedo a esta situación puede ser mayor a las consecuencias de un posible contagio vía COVID-19, ya que una deportación pone fin a cualquier proyecto individual o familiar en el país de destino. Esto es una razón pragmática, cuyas consideraciones no apelan a la verdad y gravedad del efecto pandemia que observamos en el día a día, sino a las “buenas razones” que se entienden del ir a un consultorio en un contexto de desigualdad de acceso, y esto porque uno puede tener ‘buenas razones’ para creer en algo falso.

Hasta donde sabemos, quienes necesitan acceso a atención de salud por el COVID-19 no arriesgan deportación una vez que han ingresado a un consultorio u hospital. El problema en Chile –como en la mayoría de los países– es no saber con exactitud cuántos son los inmigrantes. En palabras del Ministro de Salud Jaime Mañalich: “Ellos dicen que si los identifican y les hacen el examen de PCR (proteína c-reactiva)… los extraditarán del país, por ende, tenemos un problema enorme en esas comunidades, que no son pocas personas de inmigrantes ilegales que residen en nuestro país”.

El problema es que el ministro olvida que las palabras crean realidad, asumiendo que no hay una forma de ser del mundo que sea independiente de la descripción que se haga de él. Asimismo, olvida que el miedo es una de las más poderosas emociones que guían el comportamiento humano y si temo más a la deportación que al COVID-19, entonces estoy teniendo dos problemas. El primero, las extradiciones, no son evidentes en Chile y no nos hemos informado que ello este ocurriendo. El segundo, si es un miedo ya no sólo de los inmigrantes sino de los nacionales que podrían terminar viendo en comunidades de extranjeros una fuente de contagio, en la selva del lenguaje, donde la subjetividad pura puede terminar construyendo una estructura narrativa, se puede estar generando un miedo colectivo.

Si le pregunto a un alcalde nos dirá que en la calle él debe enfrentar los miedos colectivos, a la vez que acercar hasta donde es posible el sistema de atención primaria a los extranjeros “indocumentados” y que su conflicto con el ministro de salud es por saber dónde están los infectados por el COVID-19 para asistirlos, ya que no están afectos a la Ley que regula los derechos y deberes de los pacientes que asisten al sistema de salud.

“Si los alcaldes gobernaran el mundo” es el título de un libro del filósofo Benjamín Barber, para quien los alcaldes pueden y deben proponer ideas y soluciones concretas a problemas comunes, y es posible –que a diferencia de otros niveles de gobierno–, ellos sean capaces de volver sobre sus propias afirmaciones para rectificarlas, una vez que se haya comprobado que eran erróneas.