Nuestros primeros esfuerzos integracionistas son contemporáneos de los de la Europa comunitaria, sin embargo, no hemos logrado esa unidad esencial, que hace de la integración un proyecto político, con una base económica, centrado en la cooperación.

Cuando estudiamos el proceso de integración europea, vemos que el comienzo fue la creación de un embrión sectorial y regional, la “Comunidad del Carbón y del Acero” entre Francia, Alemania, Italia y el Benelux. La iniciativa, inspirada por Jean Monnet, Robert Schuman, y Konrad Adenauer, con el objetivo de asegurar para siempre la paz y el desarrollo, partió de un principio político fundamental, que podríamos llamar “humanismo pragmático”, presente en todas las decisiones que se toman en la Unión Europea (UE): “solidaridad de hecho, mediante realizaciones concretas”. 

Se suele decir que en América Latina no hemos tenido un conflicto de magnitudes como la Segunda Guerra Mundial, y que ha faltado en nuestro caso un factor aglutinante como ese. Pero la pandemia es en sus efectos devastadores como una guerra continental. La necesaria reconstrucción económica, social, ambiental -que ningún país por sí solo puede acometer- en un contexto global de transición digital, ecológica, energética y geopolítica, impele a construir en la región solidaridades concretas, empezando por integrar lo integrable y uniendo a quienes tengan la voluntad política y las condiciones para iniciar el proceso. Contamos para ello con el marco institucional del Tratado de Montevideo de 1980 (TM80, hoy vigente y operativo a través de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

En esta línea, vemos factible nuclear estructuras basales siguiendo el mismo principio “Monnet-Schuman”. Por ejemplo, y sin querer excluir a nadie de entrada, partir por una integración sectorial y regional, e integrar tres sectores: minería (cobre, litio, molibdeno, etc.), energía (solar, eólica, mareomotriz, hidrógeno verde, etc.) y agua (recursos hídricos, acuíferos, uso racional, agricultura de precisión y digital, etc.) y cinco países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú), abierto a los demás, como de hecho el TM80 lo prescribe.

Se podría constituir una “Comunidad Latinoamericana de la Minería, la Energía y el Agua” considerando los siguientes factores:

1. Vecindad geográfica, que facilita la conexión de rutas, líneas de acceso y comunicación, uso de puertos, etc.
2. El alto expertise minero de Chile y Perú, unido a la decisión de Argentina y Colombia de emprender un vigoroso proceso de desarrollo de su minería.
3. El desarrollo en curso de las ERNC en esta región, que se acentuarán con la mayor disponibilidad de radiación y de viento a consecuencia del cambio climático.
4. La escasez creciente de recursos hídricos que la integración puede mitigar de modo de no destruir la potente agricultura y agroindustria de la zona.
5. Las oportunidades que brinda la transición digital y la demanda de productos específicos para la nueva economía.La conformación de una “Alta Autoridad Común” para dar curso a este proceso, mediante un protocolo ad-hoc en el marco del TM80, significaría un paso gigante para los cinco países, y el embrión de una integración regional progresiva. Se puede aprovechar la experiencia de la UE, con la que ALC tiene establecida desde 1999 una Asociación Estratégica, y con la que prácticamente todos los países tenemos acuerdos vigentes.

Cuando el pasado es factor de división, y la pandemia y el deterioro ambiental ensombrecen el presente, se debe mirar al futuro y encontrar la convergencia mediante solidaridades concretas, para dejar atrás las diferencias que lastran nuestra integración.}

*Columna realizada con Mario Silberman, ingeniero, ex embajador de Chile, ha sido Chief Technical Advisor ONUDI/PNUD y Gerente de la Corporación de Fomento de Chile.