La idea de nacionalizar empresas privadas no es una novedad de los tiempos modernos. En Perú, así como en otros países de la región y del mundo, se ha experimentado este tipo de políticas en gobiernos de diferentes tendencias, y los resultados no fueron auspiciosos en ninguno de ellos. El caso del sistema previsional no escapa a estos ensayos de nacionalización y nuevamente se está discutiendo sobre la posibilidad de que la administración de los fondos de pensiones sea una función exclusiva del Estado. Esta situación no sería deseable dado que se conjugarían varios aspectos negativos al hacerlo.
Primero, analicemos la experiencia de Argentina, país que a mediados de la década de los 90 implementó un sistema previsional similar al que se aplicó en Perú, en donde convivían los regímenes de reparto y de capitalización. Pocos años más tarde, en 2008, por ley se unificó el sistema y se creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que es el que se mantiene vigente en la actualidad y que regresa a la lógica de reparto, por medio de la cual quienes están trabajando son quienes financian con sus aportes a aquellos individuos que se retiran. Si bien en este país conviven diferentes tipos de sistemas, el beneficio que obtiene un jubilado oscila entre un 40% y un 80% del sueldo obtenido durante su vida laboral. El sistema de AFJP fue eliminado antes de poder cumplir con al menos un ciclo completo de contribución, en donde cada afiliado aporte durante 30 años, por lo que su idoneidad para garantizar pensiones de calidad no puede evaluarse a cabalidad. Sin embargo, el efecto de este traspaso de fondos del sector privado al sector público ha generado un creciente déficit fiscal corriente aun cuando alrededor de un 80% de la población está empleada en actividades dentro del sector formal.
Localmente, la situación es diferente. En Perú más del 70% del empleo es informal, por lo que si se retorna completamente a un sistema de la modalidad de reparto, la carga del sistema de pensiones recaería sobre el reducido sector formal que debería financiar a toda la población mayor a 65 años. Dado que este aporte resultaría un monto insuficiente para poder otorgar una pensión adecuada, el gobierno debería recurrir a fondos propios para afrontar este gasto, lo que significaría agravar el déficit fiscal que se ha generado en la actual coyuntura de crisis sanitaria, que requerirá de varios años de crecimiento para poder ser revertido. Si la intención es que se mantenga el sistema de capitalización pero trasladando la gestión de los aportes individuales de los afiliados de las AFP al Estado, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué garantiza que esta gestión estatal sea más eficiente en términos de rentabilidad que la situación actual? Como recordamos al inicio de este artículo, históricamente el Estado Empresario no ha sido un ejemplo de eficiencia en la gestión de las empresas.
La necesaria reforma del sistema previsional debe ser planteada considerando las experiencias vividas por otros países, pero analizándose de manera técnica, evaluando los costos y beneficios asociados con ambos sistemas y desarrollando nuevas alternativas de afiliación, que logren incorporar una mayor competencia en este mercado, ampliando así las alternativas de los ciudadanos que debe ser quienes elijan qué mecanismo prefieren para asegurarse una jubilación adecuada en el futuro.
