El 3 de marzo la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció el inicio de una investigación sobre posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en los territorios ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental a partir de junio de 2014. El gobierno israelí alega que la decisión es producto del sesgo anti-israelí que tendría la CPI. Pero la evidencia no parece avalar esa acusación. Primero, la CPI no actuó de oficio, sino ante denuncia de parte. Segundo, la CPI se había negado antes a investigar otra denuncia que involucra a Israel por el abordaje militar de un navío civil en aguas internacionales. Tercero, la investigación preliminar de la fiscalía tardó casi cinco años en concluir que existían razones para creer que se habrían cometido los crímenes en mención, y (sin tener obligación de hacerlo), la fiscalía pidió a un tribunal de la CPI establecer que esta tenía jurisdicción sobre los territorios en cuestión, lo cual tardó más de un año: solo entonces se anunció el inicio de la investigación. Cuarto, la investigación no solo comprenderá a autoridades israelíes como posibles perpetradores de crímenes: también comprenderá a integrantes de Hamás y otros “grupos armados palestinos”. Quinto, la investigación se basa en el principio de complementariedad, según el cual la responsabilidad principal de investigar las acusaciones corre por cuenta de los propios Estados involucrados. Pero claro, los precedentes no sugieren que las partes tengan interés en auto-incriminarse. En el caso de Israel, por ejemplo, la organización de derechos humanos israelí B’Tselem, no coopera desde 2016 con la unidad de investigaciones internas del ejército porque, en palabras de su director ejecutivo, Hagai El-Ad, dicha unidad es parte de “un sistema de encubrimiento al servicio de la ocupación”. Por último, si de presiones sobre la CPI se trata, los únicos casos de amenaza o aplicación de sanciones han sido en favor de Israel. Trump impuso sanciones económicas y restricciones de visa contra la fiscal Bensouda y sus asistentes (sanciones que aún no han sido derogadas por Biden). Y, al alegar que la CPI no tenían jurisdicción sobre los territorios palestinos, el gobierno canadiense le hizo “recordar a la Corte” los recursos que le provee, lo cual, según Amnistía Internacional, podría interpretarse “como una amenaza de retirarle su respaldo financiero”.        

Es probable que lo que más preocupe al gobierno israelí sea, sin embargo, otro alcance de la investigación. En palabras de la fiscal Bensouda, el hecho de que haya “base razonable para creer que, en el contexto de la ocupación de Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, algunas autoridades israelíes han cometido crímenes de guerra”, al “transferir civiles israelíes hacia Cisjordania”. El punto aquí es que, según el Consejo de Seguridad de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, y la Corte Penal Internacional, Cisjordania, Gaza y Jerusalén oriental son territorios palestinos que Israel ocupa ilegalmente (más aún, desde enero pasado, B’Tselem acusa al gobierno israelí de haber establecido un sistema de “Apartheid” que trasciende esos territorios). Es por esa ocupación que la resolución 446 del Consejo de Seguridad establece que es aplicable en esos territorios el Cuarto Convenio de Ginebra, que en su artículo 49 establece que “La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”.

En un contexto de pandemia, esa es la razón por la cual Israel tiene la obligación de vacunar a los palestinos que viven bajo su ocupación. Según el artículo 56 del Convenio en mención, “la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, […] los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad e higiene públicas en el territorio ocupado, en particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemias”. 

Pero mientras ponía trabas al ingreso en Gaza de 2.000 vacunas donadas por terceros, el gobierno de Netanyahu obsequió unas 100.000 vacunas a gobiernos aliados. Luego, corrigiendo en forma parcial ese curso de acción, decidió vacunar a los palestinos de territorios ocupados que tienen permiso para trabajar dentro de Israel.