Algunos gobiernos han decidido apoyar a sus empresas privadas estratégicas azotadas por el COVID-19. El sector donde más claro se ha visto este movimiento ha sido el de la aviación comercial, que ha visto reducir sus ingresos y su actividad de forma casi total en los peores momentos de la pandemia.
En Europa, Air France-KLM, Lufthansa, Alitalia, y en menor medida Iberia, han recibido capital público a través de diferentes instrumentos financieros para garantizar su supervivencia en esta crisis. Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos.
En concreto el gobierno de España ha aprobado hace unos días avales adicionales por € 40.000 millones (alrededor de US$ 45.300 millones) al tejido empresarial español a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial), para que tengan mayor capacidad de inversión, y fomentar así a actividad económica. Se añaden a los € 100.000 millones (US$ 113.000) movilizados en marzo.
Adicionalmente, también aprobó la creación de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de € 10.000 millones (US$ 11.300) para la inversión en la propiedad de empresas privadas, ocupándose de su gestión la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda.
Esto permitirá al Estado ser propietario de una parte del capital, de manera transitoria y temporal, de compañías privadas estratégicas españolas. Su objetivo es mejorar la solvencia de compañías grandes, y en sectores vitales de la economía, en un momento en el que se está comprometiendo la viabilidad de muchas por la pandemia.
Una de las claves más importantes de las reglas de este fondo de ayudas, es que las empresas soliciten esta financiación pública. No puede ser el Estado el que por iniciativa propia decida entrar en el capital de estas empresas. Además, debe ser una solución de último recurso por parte de las empresas, es decir, que no sea una injerencia del poder público en el privado.
Una vez solicitada la entrada del fondo público en el capital de las empresas privadas, el Estado deberá resolver en un plazo no superior a seis meses las solicitudes, y una nueva legislación permitirá al Estado quedar eximido de lanzar una Oferta Pública de adquisición (OPA) por la totalidad del capital que, en términos normales, es obligatorio lanzar cuando se supera el 30% del capital de la empresa comprada.
Las razones que tienen que existir para que el Estado sopese la petición de entrada en el capital de esas empresas protegidas y, por tanto, de carácter estratégico son fundamentalmente las siguientes: que tengan impacto social y económico, que sean relevantes para la seguridad, que afecte a la salud de las personas, que estén comprometidas infraestructuras o las comunicaciones o que contribuyan a un buen funcionamiento de los mercados.
Con esta medida, el gobierno español al igual que los gobiernos de Alemania o Francia ha decidido apoyar a su tejido productivo estratégico con inyecciones de capital, tanto en capital puro, acudiendo a ampliaciones de capital, como a través de instrumentos híbridos entre deuda y capital, tales como la deuda subordinada, préstamos participativos o la deuda convertible en capital.
Este instrumento financiero se gestionará de acuerdo con los criterios de participaciones estatales regulado por la Comisión Europea, en el caso de Europa, para no incurrir en las ilegales y temidas “ayudas de estado”. No obstante, esta pandemia ha hecho que países como Alemania, que siempre ha sido muy duro con ayudas de esta naturaleza, haya propuesto permitir la existencia de este tipo de fondos de recapitalización empresarial con dinero público.
Clave garantizar que el capital público no se aproveche para nacionalizar empresas por objetivos políticos
Este último aspecto es vital para que esas inversiones sean acertadas. Estas participaciones deben ser gestionadas en casos excepcionales, de manera temporal y por reconocimiento de su necesidad por parte de la empresa, ya que, si no se hiciera así, podemos caer en la tentación de que el sector público entrase en el sector privado con afán de control e instauración de la gestión pública como catalizador de la riqueza privada. Y eso es ineficiente a largo plazo, ya que la mejor manera de que las empresas funcionen es que tengan empresarios al mando de los negocios y no estados con sus sesgos políticos.
Por tanto, estas inversiones deben garantizar una gestión profesional de las empresas participadas, para que no sean utilizadas como instrumento de la política económica. Es clave garantizar que estas ayudas, que pueden ser necesarias en momentos tan difíciles como el que se vive debido a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias económicas, no se aprovechen para nacionalizar empresas por objetivos políticos. Y, por supuesto, que los beneficios de las futuras ventas del capital o los dividendos generados por las inversiones se ingresarán en el Tesoro Público.
La protección de tejido productivo y estratégico nacional para no dejarlo en manos extranjeras hostiles, en un momento tan excepcional como este, debe mantener el justo equilibrio entre la libertad del movimiento de capitales y la protección de la nacionalidad del capital de las empresas.
El planteamiento alemán, de bloquear adquisiciones de más del 10% del capital en ámbitos considerados "sensibles" como la defensa y las telecomunicaciones, robótica, inteligencia artificial y biotecnología, cuando la operación represente un peligro para la seguridad pública de Europa y no solo de Alemania, es un modelo interesante.
España, u otros países de América Latina podrían valorar este modelo en unos momentos en los que empresas nacionales han perdido gran parte de su valor por la crisis del COVID-19 y, por lo tanto, son susceptibles de terminar adquiridas por empresas de gigantes económicos.
