La naturaleza se abre paso en la agenda empresarial, si bien con dificultad, dada la prioridad que se le ha dado a la agenda climática. En un contexto de exposición cada mayor de empresas y sociedad a los fenómenos climáticos extremos y de preocupación de los proveedores de capital por ello, resultaba cuanto menos difícil ampliar el foco de atención más allá. 

La celebración de la COP16 en Cali las pasadas dos semanas constituía, sin embargo, una oportunidad para avanzar en ese entendimiento más amplio, de los riesgos para las empresas, de la integración entre la hoja de ruta de cambio climático y la de naturaleza, e incluso con el resguardo de los derechos humanos. La oportunidad estaba sobre la mesa, siendo la primera COP luego de la adopción del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, en que se hizo un serio llamado para revertir la pérdida de biodiversidad, restaurar los ecosistemas y proteger los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo que se faciliten los flujos financieros relacionados. 

La presencia de las empresas en esta COP sin duda no ha tenido precedentes. Si bien todavía encontramos enfoques concentrados en exponer iniciativas filantrópicas, de apoyo a la conservación de determinados biomas, cada vez es mayor el abordaje desde el negocio, con el desarrollo de productos y servicios conectados, y el aporte y uso de soluciones basadas en la naturaleza. Hay un consenso común sobre la dificultad de medir el impacto y establecer mecanismos de compensación, a diferencia del uso de la unidad de tonelada de CO2 equivalente en la agenda climática. EL otro gran discurso empresarial ha estado en la integración de riesgos, la gobernanza y la transparencia, con el Marco de Recomendaciones del Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) como principal protagonista, y destacando especialmente los avances de la banca, con análisis de dependencias e impactos, para la toma de decisiones sobre cartera.

El financiamiento de los proyectos resulta crítico y, por tanto, cómo estén abordando el tema las entidades financieras. Este tipo de proyectos resultan en la mayoría de los casos complejos de financiar, por el riesgo que suponen bajo las evaluaciones tradicionales, su difícil escalabilidad, entre otros factores. En la propia COP, se señalaba la mayor rentabilidad que bajo esas evaluaciones tiene hoy un proyecto de fracking que uno que aporte a la conservación de la selva. Se destaca también la importancia de contar con respaldo público, por ejemplo, articulando mecanismo de blended finance y con respaldo asumiendo riesgos.

Los avances de la banca ya se manifiestan en los primeros bonos de biodiversidad de entidades financieras, ambos emitidos en Colombia. En junio, BBVA Colombia emitió el primer bono de biodiversidad de una entidad financiera en el mundo, por US$ 70 millones, suscrito por BID Invest y IFC. En el marco de la COP16, Davivienda anunció un bono también de biodiversidad por US$ 50 millones, con el respaldo de la IFC. Estos primeros casos muestran la oportunidad que existe para canalizar recursos a través de crédito, bajo estándares que garanticen su contribución al resguardo de la biodiversidad, como los planteamientos de la Guía de referencia de finanzas para la biodiversidad de la propia IFC.

La innovación marca el paso en las soluciones para evitar los impactos; también se mantiene quien habla de compensar los impactos. El mercado emergente de créditos de biodiversidad es un caso, y soluciones como los bancos de hábitat en Colombia, que sirven para compensar los impactos ambientales residuales con que se autorizan proyectos en el país (ej. de infraestructura), luego de las evaluaciones ambientales. El riesgo de greenwashing sin embargo, es importante.

En la agenda de la COP, las discusiones entre las representantes de los estados, la presión de las empresas y la movilización de las asociaciones de la sociedad civil, han generado un escenario de polarización muy complejo. De hecho, el resultado ha sido un acuerdo a medias, todavía no ratificado por falta de quorum en la última sesión, con el espinoso tema del financiamiento sin resolver.

Entre los logros, destaca la creación un organismo permanente para que las comunidades indígenas y locales participen de las decisiones, reconociendo su contribución a la gestión y conservación de la biodiversidad. De igual manera, la constitución del Fondo de Cali, en que se irán consolidando las aportaciones de las empresas que pagarán por el uso de Información de Secuencia Digital (DSI) de recursos genéticos de biodiversidad en sus productos (caso de las compañías farmacéuticas y cosméticas, entre otras).  De esta manera, los recursos genéticos serán compartidos con los países de origen. El 50% del fondo se asignará a los pueblos indígenas y las comunidades locales, ya sea directamente o a través de los gobiernos.

El tema del financiamiento moviliza especialmente las diferencias entre el norte y sur global. El desacuerdo está en quién va a administrar los recursos, con partidarios en los países desarrollados de que sea el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), frente a estados especialmente de África y América Latina que quieren un fondo nuevo para una mejor representación en la toma de decisiones. De igual manera no se avanzó en hacer vinculantes las aportaciones de los países.

En este contexto de dificultad, se hace necesaria la colaboración entre estados, empresas y sociedad civil. En el caso de las empresas, la disponibilidad de recursos será clave para poder desarrollar soluciones sostenibles desde sus modelos de negocio, apoyadas también por regulaciones que incentiven esa transición, por ejemplo, n los subsidios que inciden negativamente en el cambio. El momento es ahora.