Decíamos en un artículo anterior que el presidente Pedro Castillo no solo ignora la posición histórica de la Cancillería peruana sobre ciertos temas: ignora incluso las posiciones que esta adoptó durante su gobierno. Nuestra enésima moción de vacancia mostró que algunos congresistas comparten su asombro frente a un mundo que les resulta ancho y ajeno.
De un lado están las reacciones frente a un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (o Comisión IDH). En él, esta muestra su “preocupación por la falta de definición objetiva de la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente”. ¿Alguien puede poner en duda la veracidad de esa afirmación o el hecho de que la ausencia de esa definición se ha convertido en un problema real?
Por eso las críticas se centraron en la presunta injerencia indebida en asuntos internos que ese pronunciamiento implicaría. Acusación que no tiene fundamento: la Comisión IDH existe y está autorizada a formular recomendaciones porque así lo disponen la Carta de la OEA y la Convención Americana de Derechos Humanos (más conocida como “Pacto de San José”). Es decir, tratados internacionales suscritos voluntariamente por el Estado peruano son los que le confieren a la Comisión IDH la facultad de formular esas recomendaciones: uno puede proponer que Perú se retire de ellos, pero presumo que nadie propone desconocer nuestros tratados vigentes.
A propósito, pareciera que el congresista confunde a la Comisión en cuestión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas siglas también son CIDH: por eso, para diferenciarlas, se suele llamar a una Comisión IDH y a la otra Corte IDH. Montoya usa la sigla CIDH para referirse a la Comisión, cuando la acusación de injerencia parece en realidad dirigida a la Corte, cuyos fallos, a diferencia de las recomendaciones de la Comisión, sí son de cumplimiento obligatorio. Por eso no asocia su pedido de retiro de la Comisión con la Carta de la OEA (que es la que le da origen), mientras que el retiro de la Corte implica abandonar el Pacto de San José, pero no recusar la Carta de la OEA.
Montoya acusa en un tuit a “la CIDH”, de “apañadores de los que realmente cometen los abusos y excesos a los derechos humanos”: Nicolás Maduro no podría estar más de acuerdo con esa acusación (“ya basta de abusos intervencionistas”, clamó en su momento), la cual hizo extensiva a la Corte. Pero al menos Maduro entendía que, para abandonar ambas instancias, era menester retirarse tanto del Pacto de San José como de la OEA. La otra diferencia es que Maduro acusa a esas instancias de “servir a Washington”, mientras que el congresista Montoya parece creer que, en realidad, sirven a la izquierda caviar (acusación en la que, curiosamente, coincide con Vladimir Cerrón): convengamos en que la Comisión y la Corte pueden tener un sesgo de derecha o uno de izquierda, pero no pueden tener ambos sesgos al mismo tiempo.
Tanto Montoya como la congresista Norma Yarrow criticaron también que el canciller Landa solicitara permiso para el ingreso de tres representantes de la OEA al pleno del Congreso que discutiría la vacancia. Apelaron nuevamente al tema de la injerencia indebida, lo cual no tiene asidero tanto por lo dicho antes, como porque la información sobre el tema es de dominio público y lo único que pedía la OEA era que “presencien el debate”. Yarrow, por su parte, añadió que no existía precedente de un pedido desde cancillería para que miembros de la OEA asistan al Congreso para ese fin. Lo cual no es verdad: cuando se discutió la primera moción de vacancia contra el presidente Kuczynski, la OEA envió al Congreso una delegación a pedido del gobierno peruano.
A propósito de injerencias indebidas de la OEA, ¿no viajó el congresista Montoya a Washington para pedirle a esa institución una auditoría electoral que no contempla ninguna ley peruana y que contradecía los reportes de la propia Misión de Observación Electoral de la OEA?
