Si lee los discursos de Fujimori el 5 de Abril de 1992 y de Castillo el 7 de Diciembre de 2022, notará las coincidencias. Ambos buscaron disolver el Congreso al margen de la Constitución, cambiar la Constitución a través de un Congreso con facultades Constituyentes (mecanismo que no contemplaba la Constitución vigente), intervenir los demás poderes del Estado, y gobernar mediante decretos ley. La diferencia fue que Fujimori contó con la anuencia de los poderes fácticos y Castillo no. Por eso, esas experiencias equivalen a una prueba ácida: quien critica un golpe pero no el otro, está emitiendo un juicio con base en criterios que no tienen nada que ver con la defensa de la democracia o el orden constitucional.
Es evidente que, al ignorar el golpe que intentó perpetrar Castillo, el presidente mexicano López Obrador no pasó esa prueba. Pero, en el caso peruano, antes que una acción, lo que delata a López Obrador es una omisión: el artículo 2 del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico es una cláusula democrática aplicable al Perú. Según este, son “requisitos esenciales para la participación en la Alianza del Pacífico”, entre otros, la vigencia de la democracia, la separación de poderes y la garantía de los derechos humanos. Aunque, a diferencia de López Obrador, considero que Boluarte asumió la presidencia de acuerdo con la Constitución, creo que decisiones adoptadas desde entonces por el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Constitucional vulneran la vigencia en el Perú de esos requisitos. Creo que también vulneran la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana (de las que el Estado peruano es parte).
La pregunta sería entonces la siguiente: existiendo argumentos válidos para cuestionar al gobierno de Boluarte, ¿por qué López Obrador prefiere inventar un golpe contra Castillo mientras ignora el golpe fallido de Castillo? La respuesta revela paralelos insospechados entre la izquierda populista mexicana y la derecha radical peruana. De un lado, al igual que nuestra derecha radical, López Obrador denunció sin pruebas la existencia de fraudes en su contra en las elecciones presidenciales que perdió en 2006 y 2012. A propósito, la reciente carta al secretario general de la OEA suscrita por parlamentarios convocados por el Foro de Madrid, sostiene que las protestas en el Perú tienen “el objetivo de derrocar al gobierno constitucional de Dina Boluarte”. Es decir, la misma Boluarte que, según el propio Foro de Madrid, fue elegida vicepresidenta mediante un fraude electoral.
Una respuesta a esos alegatos infundados de fraude en México fue el intento de capturar el Instituto Nacional Electoral, a través de una reforma constitucional. Al no alcanzar la mayoría calificada necesaria, el oficialismo procedió a recortarle recursos y atribuciones mediante una ley. En Perú una mayoría del Congreso también busca capturar a las autoridades electorales, pero mientras la oposición mexicana al menos cuenta con una Suprema Corte de Justicia independiente a la cual apelar, en Perú la mayoría del Congreso consiguió convertir al Tribunal Constitucional en un instrumento político (con el voto favorable de congresistas de Perú Libre).
López Obrador, por lo demás, no denunció en 2021 el fraude electoral en Nicaragua. Según Reporteros Sin Fronteras, México fue en 2022, por cuarto año consecutivo, el país más peligroso en el mundo para el ejercicio del periodismo. Y, según Human Rights Watch, “Las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, (…). Estos hechos suelen quedar impunes.”
Queda claro pues por qué López Obrador prefiere inventar un golpe antes que invocar la cláusula democrática de la Alianza del Pacífico.
