La modernización del Estado, de las políticas públicas y de la gestión pública son necesarias para el desarrollo de los países Latinoamericanos. Por ello, herramientas de gestión pública novedosas, como las Mesas Ejecutivas, merecen ser analizadas atendiendo a la dimensión articuladora que pueden tener, sobre todo en contextos donde pensar fuera de la caja y ponerse de acuerdo suele ser un reto.
Las Mesas Ejecutivas buscan identificar de forma concreta los aspectos que limitan el desarrollo de un sector o factor productivo, mediante el diálogo y la articulación directa entre diversos actores públicos, (que pueden ser del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales o Municipalidades), así como entre estos y actores del sector privado, pudiendo incluir también a la academia e investigadores. Es importante distinguirlas de espacios de diálogo general o protocolar, pues se asemejan mucho más a espacios de trabajo donde se busca la solución concreta a la limitante identificada, sin perjuicio que producto de las interacciones pueden identificarse más aspectos a tratar. Las soluciones pueden ser tan variadas como los problemas identificados, abarcando desde propuestas de reorganización de funciones (por ejemplo, evitando duplicaciones o llenando vacíos), mejoras normativas, hasta temas de articulación y gestión.
Naturalmente, las Mesas Ejecutivas requieren un equipo que conduzca su desarrollo, identifique a los actores relevantes, organice y dirija las reuniones, lleve el registro de los acuerdos y realice el seguimiento de los mismos. Sobre todo, que tenga el manejo adecuado en temas de políticas públicas, gestión pública y funcionamiento del Estado, para centrar el enfoque en aspectos que efectivamente puedan ser mejorados. Es también importante la capacidad de convocatoria a los actores relevantes tanto públicos como privados, así como la experiencia suficiente para mediante el diálogo, llegar a soluciones conjuntas. Sin duda se requiere de un empoderamiento al nivel del encargo, toda vez que para concretar las soluciones identificadas se puede requerir la participación de las instancias más altas del Gobierno, por ejemplo, de ministros o del Presidente de la República.
Este mecanismo encuentra distintas variantes en la experiencia comparada. En Perú, ha tenido una aplicación con altas y bajas en su continuidad. Así, la primera experiencia peruana se tuvo en 2014 en el Ministerio de la Producción, que a los pocos años se vio desactivada, siendo retomadas a partir de 2017 y con mayor énfasis desde 2018. En ese sentido, hoy se cuenta con 10 Mesas Ejecutivas: Forestal (setiembre 2017), Acuícola (setiembre en 2017), Turismo (setiembre 2018), Minero Energética (octubre 2018), Innovación (Diciembre 2018), MYPE (Agosto 2020), Pesca (Octubre 2020), Textil (Noviembre 2020), Gastronómica (Enero 2021) y Mercados de abastos (enero 2021).
Consideramos que el principal reto que afrontan las Mesas Ejecutivas es la desconfianza existente entre el sector público y el sector privado, así como la desconfianza de la población respecto de las coordinaciones que se puedan realizar entre aquellos. Este círculo de desconfianza, si bien ya era un tema delicado antes de la pandemia (por los distintos escándalos de corrupción que se venían conociendo públicamente en distintos ámbitos, como el caso Lava Jato, el Club de la Construcción, entre otros), se ha tornado aún más delicado durante la pandemia, teniendo su crisis más reciente en el escándalo denominado Vacunagate. La fórmula más acertada para la interacción público-privada en las Mesas Ejecutivas, parece ser la descrita por Piero Ghezzi en su análisis Mesas Ejecutivas en Perú: Una tecnología para el desarrollo productivo (BID, 2019): “Ello requiere la distancia apropiada. No debe ser excesivamente lejana, de modo que la información no fluya, ni demasiado cercana, de tal forma que devenga en captura o corrupción”.
Adicionalmente, otros retos son las complejidades para: lograr diagnosticar correctamente el problema, que va de la mano con la falta de información adecuada; lograr la colaboración de todos los actores; conseguir una solución articulada con la que los participantes se encuentren conformes, así como, la necesidad de fluidez y proximidad entre las reuniones.
A estos aspectos, se suma el riesgo de la pérdida de prioridad que se le pueda dar a cada una de las Mesas Ejecutivas ya conformadas, toda vez que los esfuerzos de las entidades públicas están comprensiblemente enfocados en el manejo de la crisis sanitaria, económica y política que vive el país. En ese sentido, la creación de nuevas Mesas Ejecutivas durante la pandemia es un indicador a resaltar, sobre todo atendiendo a que coinciden con sectores de la actividad económica cuya reactivación resulta necesaria. Esto nos refleja la visión que el Gobierno peruano tiene de las Mesas Ejecutivas, como espacios que pueden contribuir a la reactivación económica, visión que será recomendable continuar tras el cambio de Gobierno.
