El debate presidencial del domingo pasado en México puso de manifiesto que ninguno de los cinco candidatos a la Presidencia tiene un plan claro y específico para acabar con la inseguridad que padece el país.

Las reacciones ante el descubrimiento, por parte de la Fiscalía General de Jalisco, de que los tres estudiantes de cine desaparecidos el 19 de marzo en Tonalá fueron secuestrados por un grupo criminal, y luego asesinados con saña y disueltos sus cuerpos en ácido, dejaron claro que la mayor exigencia de los mexicanos es que aparezca una autoridad que les dé seguridad.

Si alguna oportunidad existe de revertir el actual incumplimiento del deber de los gobernantes de garantizar que los gobernados puedan vivir en paz es, sin duda, el actual proceso electoral.

Es momento de exigir que los próximos seis años no sean la continuación del horror que estamos viviendo y que exhibe a México a nivel internacional.

Es momento de poner un alto a los diagnósticos sin sustento, los lugares comunes y las salidas falsas que caracterizan el lenguaje de los políticos cuando se refieren al tema de la inseguridad.

Ellos buscan votos y, por eso, prometerán cualquier cosa. El deber ciudadano es someter esos ofrecimientos a la prueba del ácido.

Una repetición de los actuales esquemas de seguridad es una insensatez por los pésimos resultados obtenidos.

Qué bueno que se ha detenido a la gran mayoría de los líderes criminales denominados “objetivos prioritarios”, pero ¿de qué le ha servido a la ciudadanía para mejorar sus niveles de seguridad?

¿Eso ha impedido que los habitantes más pobres de este país sean asaltados continuamente en el transporte público?

¿Se ha reducido el número de homicidios y de personas desaparecidas? ¿Ha evitado que haya jóvenes asesinados a golpes y disueltos en ácido por haber ido a hacer la tarea a un lugar que, nadie les informó, era peligroso?

Por eso, cuando un candidato –como han hecho Ricardo Anaya, José Antonio Meade y, en menor medida, Margarita Zavala– propone aplicar mecanismos de seguridad que resulten familiares, hay que dudar. También cuando ofrecen cambios en la materia que no son suficientemente precisos, que no contemplan medidas concretas e instrumentos de medición de resultados. Y, sobre todo, cuando son simples ocurrencias sin sustento alguno.

Cambiar por cambiar no es tampoco una solución. Insisto, quienes hacen promesas en estos tiempos dirán cualquier cosa a cambio del voto.

¿Cuál es el sustento de que ofreciendo amnistía a los criminales –como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador– vendrá una mejoría?

¿Los asesinos de los tres estudiantes en Jalisco actuaron con esa saña sólo porque alguna vez fueron pobres, si es que lo fueron?

¿De verdad la pobreza es lo que explica la criminalidad, como ha insistido el mismo candidato?

¿Acaso no merecen propuestas como esas un mayor cuestionamiento por parte de los ciudadanos?

¿Lo que se espera de un candidato es que, una vez elegido, organice una “consulta” para decidir qué hacer ante la inseguridad? ¿No está obligado, más bien, a decir qué propone para que los ciudadanos sepan cuál es la idea por la que están votando?

Quizá usted se dio cuenta de que la parte del debate de candidatos presidenciales más comentada en las redes sociales fue la propuesta de Jaime Rodríguez El Bronco de que a los funcionarios corruptos hay que cortarles la mano.

Muchas personas entendieron que la propuesta era para lidiar con todo tipo de delincuentes (lo cual no es correcto porque se estaba hablando sobre corrupción), pero el entusiasmo y la chacota con la que fueron recibidas sus palabras da cuenta, para mí, de la desesperación en la que ha caído mucha gente respecto de la violencia criminal.

“¡Tiene razón! ¡Vamos a cortarles las manos a los delincuentes!” fue la reacción que tuvieron muchos miles al escuchar lo que dijo El Bronco.

En suma, el debate nos ha dejado ver que quienes buscan convertirse en el próximo Presidente de la República no tienen la menor idea de qué hacer para evitar más casos como el de Tonalá.

Lo que toca a los ciudadanos es exigirles mayor rigor en el diagnóstico y las propuestas de solución.

Para ello, las organizaciones de la sociedad civil que han estudiado por años el fenómeno criminal pueden proveer una buena guía. Es cosa de que candidatos y electores las escuchen. Para que los primeros no sugieran cosas sin sentido y los segundos no las aceptemos como acto de fe.