Es sabido que la actual contingencia sanitaria internacional golpeó duramente al mayor generador de ingresos, el sector privado, minando su capacidad productiva severamente, y como era previsible, los países tuvieron que recurrir a medidas que permitieran la sostenibilidad de este. En algunos casos, por más esfuerzos y reinvenciones −propias de la idiosincrasia local− no les quedó otra más que cerrar. Dicha situación, al igual que en distintas latitudes, generó una no menor depresión económica y como era lógico, un déficit fiscal.
Según el reciente Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, se espera un incremento transitorio del déficit fiscal peruano de 10,7% del PIB (desde 1.6% en el 2019). En consecuencia, el país podría disponer de un conjunto de elementos relacionados a mejorar la eficiencia del gasto público y el incremento de los ingresos fiscales permanentes.
Por el lado del gasto público, la modulación del crecimiento y los recursos que se podrían ganar al reducir ineficiencias (cercanas al 2% del PIB, según el Banco Interamericano de Desarrollo) habilitaría espacio que contribuya al proceso de consolidación fiscal. Por su parte, en materia tributaria, se aprecia un amplio espacio para poder incrementar los ingresos fiscales permanentes. Y es que, la presión tributaria del Gobierno en 2019 fue de 16,9% del PBI, encontrándose por debajo de lo obtenido por países como Colombia (19,4% del PBI), Ecuador (20,6% del PBI) y Chile (21,1% del PBI), así como del promedio de América Latina (23,2% del PBI).
Ante el bajo porcentaje de presión tributaria expuesto, existen múltiples fuentes que podrían incrementar la recaudación fiscal enfocadas en ampliar y diversificar la base tributaria a través del perfeccionamiento de los regímenes tributarios y, sobre todo, apostar de una vez por la formalización de las micro y pequeñas empresas.
Emprendimiento no tiene porqué seguir siendo sinónimo de informalidad, claro está que, con un marco tributario que entienda las particularidades en las que se mueven los que han hecho que el Perú siga avanzando y generando empleos e ingresos.
Si bien es entendible que el buró establezca la necesidad de conducir las cuentas fiscales hacia niveles sostenibles, deberá también fortalecer estrategias que tengan como objeto combatir la informalidad del país, mejorar los índices de recaudación del impuesto general a las ventas e impuesto a la renta, corregir las exoneraciones tributarias poco efectivas, mejorar los sistemas de registro patrimonial, entre otros. Esto, sin vulnerar los principios de suficiencia, eficiencia, equidad, neutralidad y simplicidad del sistema tributario, reduciendo al mismo tiempo los costos de cumplimiento
En concordancia con lo anterior, es necesario mencionar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien, en su “Informe de Progreso de 2019 sobre la Seguridad fiscal (Informe OCDE/FMI)”, propone una serie de medidas para reforzar la certeza fiscal y la predictibilidad en materia tributaria (que incluye los Impuestos Selectivos al Consumo - ISC), para así garantizar la seguridad jurídica. Y es que, la OCDE, Foro al que aspira ingresar Perú, resalta que uno de los temas que más afecta la seguridad jurídica de un país es el frecuente cambio de tributos (sorpresivos y continuos). Por ello, recomienda una mayor transparencia en la aprobación y modificación de normas tributarias, eliminando cambios inesperados y sorpresivos; y sobre todo, basando la decisión en criterios técnicos.
Por tanto, lo importante en cuanto a predictibilidad tributaria es el necesario debate técnico, y la urgente necesidad de saber cuándo, cómo y la razón del porcentaje. Lo que no puede seguir ocurriendo es que los cambios se hagan de manera impredecible y a último momento. De esta manera, la industria puede ajustar sus planes de inversión a un nuevo escenario tributario.
Para que Perú siga siendo un atractivo destino de inversión extranjera requiere de predictibilidad tributaria y jurídica, que por lo demás deberían estar alineadas a las recomendaciones de la OCDE en materia fiscal y por cierto, entendiendo lo que ha significado el impacto que ha tenido en la diversidad de empresas en Perú.
Así las cosas, nunca estará demás preguntarse o reflexionar si el objeto que mueve al ISC es ¿desincentivar el consumo, o, hacer caja ante una débil recaudación?, y es que, el fundamento teórico de su aplicación es el objetivo fiscal, ese que señala que son herramientas para mejorar la equidad vertical, es decir, afectar con más carga impositiva al que exterioriza mayor capacidad contributiva. Aunque también está, el objetivo extrafiscal, ese que permite la corrección de externalidades negativas.
