Después de 43 días de haber culminado la segunda vuelta entre los candidatos a la presidencia de la República del Perú, finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó al profesor cajamarquino José Pedro Castillo Terrones como presidente electo, quien además recibirá el añorado Bicentenario de la Nación, el próximo 28 de julio.

Así las cosas, contra viento, marea y luego de resolverse diversas apelaciones y solicitudes de nulidad de actas, terminó imponiéndose Pedro Castillo (51), casado hace 21 años con Lilia Paredes también profesora,  con tres hijos, católico, aunque su esposa es evangélica, rondero en su juventud y profesor de escuela rural primario, quien deja el anonimato para ser investido mandatario de la Nación y no precisamente con el apoyo y vinculaciones con la rancia aristocracia, partidos políticos de antaño y menos grupos económico. Muy por el contrario, llega con el voto del peruano del ande, no necesariamente incluido en una sociedad parcialmente clasista.

De esta forma Castillo se constituye como el profesor que logra de alguna forma, a través de su discurso, revindicar y hacer notar al peruano que no se sentía incluido, y que hoy alberga la esperanza de sentirse parte de un Perú que a veces y tal vez muchas, no necesariamente quiso visibilizarlos.

La fuerza de una frase que logró llevarlo a la Casa de Pizarro: “no más pobres en un país rico”, tan simple, pero a la vez tan potente, pues lograba con un sencillo mensaje calar en los peruanos menos atendidos, sumado al hecho de recoger la indignación, enojo y también encono de quienes se sintieron excluidos e invisibilizados por décadas y hoy ven en él la oportunidad de ser escuchados. No es menor la expectativa social que el presidente Castillo cargará sobre sus hombros.

Y es que las expectativas existentes tienen como respaldo lo ofrecido en campaña, una reforma en salud, educación, agricultura e impulsar a través de ello el desarrollo nacional, sumado al millón de empleos en un año y la promesa de fondo: convocar a una Asamblea Constituyente para redactar en seis meses una nueva Constitución que remplazaría la actual, la cual, se dice, privilegia la economía de libre mercado; aunque hay que decirlo, en el balconazo ofrecido por Castillo post proclamación del JNE, concluyó su intervención afirmando que: “Vamos a rechazar cualquier pretensión de traer un modelo de odio. No permitiremos ningún modelo importado (…) Esta Constitución estará vigente hasta que el pueblo lo decida”. Por otro lado, también señalaba el presidente electo que su gobierno daría estabilidad jurídica y económica durante su mandato, sumado a la exhortación a Keiko Fujimori a no "poner más obstáculos para sacar adelante este país".

Un Castillo moderado se hace necesario y pareciera que ha empezado a entenderlo. Comprender la importancia de entregar señales de tranquilidad y aminorar la incertidumbre existente no solo por calificadoras internacionales, sino también por inversionistas nacionales y extranjeros que se encuentran expectantes respecto de cuál será la postura final que tome respecto de, por ejemplo, el manejo económico que guiará su administración y el efecto de ello en promover la inversión privada, estabilidad, recuperación del empleo, vacunación, control de la pandemia, integración y apertura comercial. Y es que, las primeras propuestas económicas inquietaron a las multinacionales e inversionistas por sus promesas de nacionalizaciones y un rol más activo del Estado en el mercado; aunque el 15 de junio, declaraba el profesor Castillo: "No somos chavistas, no somos comunistas, nadie ha venido a desestabilizar a este país, somos trabajadores, somos luchadores, somos emprendedores".

La moderación no solo debería estar puesta en su discurso, sino que también en entender lo que significará la generación de confianza y, por cierto, de necesaria gobernabilidad con el nuevo Congreso de la República; lo que no puede pasar es que Ejecutivo y Legislativo mantengan posiciones antagónicas que llevaron a ambos poderes a un enfrentamiento permanente durante los últimos cinco años, en los cuales Perú tuvo cuatro presidentes en dicho quinquenio. Por otro lado, el fantasma de la vacancia presidencial es una figura constitucional que seguiría rondando los pasillos del Parlamento, por cierto, que en la medida que no ocurra una reforma constitucional que elimine el término de incapacidad moral, recurrentemente utilizado en los últimos cinco años.

Uno de los principales retos que enfrentará la administración del presidente Castillo será lograr pactos que permitan construir alianzas, siendo uno de los desafíos iniciales la obtención del voto de confianza de su primer gabinete, sumado a la reducción de inequidades, desarrollo de programas que fortalezcan los accesos públicos, como salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones, reducción de informalidad y, sobre todo, construcción de dignidad nacional y la necesaria generación de un Perú libre de prejuicios.