Concluía el artículo anterior diciendo que, durante la Gran Recesión Internacional que comenzó en 2008, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos justificó el rescate de entidades privadas con fondos públicos argumentando que la quiebra de esas entidades tendría un efecto sistémico.

El argumento del efecto sistémico, sin embargo, ignoraba el problema del riesgo moral. Es decir, se permitió quebrar a Lehman Brothers porque rescatarla equivaldría a premiar a un banco de inversión cuya conducta incurrió en riesgos imprudentes cuando no en el delito (Michael P. Malloy, Anatomy of a Meltdown: A Dual Financial Biography of the Subprime Mortgage Crisis, Wolters Kluwer Law & Business, 2010), y equivaldría a castigar a los bancos de inversión que actuaron dentro de la ley y de normas elementales de prudencia. Que luego se decidiera salvar con fondos públicos a los principales bancos de inversión equivalía entonces a premiar las conductas que hicieron necesario el rescate, haciendo más probable que estas se repitieran en el futuro. 

Es decir, incluso si se aceptase que la intervención del Estado es necesaria para impedir el efecto sistémico de una quiebra, cabría cuestionar que no se hiciera un esfuerzo substantivo para evitar el riesgo moral (es decir, para evitar que una decisión gubernamental propicie conductas indeseables en el futuro).

En los años noventa del siglo pasado, por ejemplo, Suecia rescató bancos privados con fondos públicos, pero infligiendo un costo a los accionistas y ejecutivos cuya conducta propició su quiebra: el gobierno sueco adquirió la propiedad de los bancos a su valor de mercado (el cual, dada su situación de insolvencia, era bastante bajo). Luego asumió el costo de los préstamos impagos y recapitalizó los bancos con fondos públicos para, una vez saneadas sus finanzas, privatizarlos (y recuperar así la mayor proporción posible de los fondos públicos empleados para el rescate).

El punto es que, aún si se acepta que el rescate de empresas privadas con fondos públicos en los Estados Unidos no lidió en forma adecuada con el problema del riesgo moral, seguiría siendo válido el argumento de que el Estado debía intentar evitar el riesgo sistémico de la quiebra de empresas privadas. De allí a sostener que aquellas empresas cuya quiebra podría suponer un riesgo sistémico constituyen un sector estratégico de la economía hay sólo un paso. 

Sin embargo, la controversia en torno a si existen o no sectores estratégicos no se debe únicamente a la imprecisión conceptual con la que se los define: existe en lo esencial por la forma en la que esa controversia se relaciona con cuatro debates sobre el papel del Estado en la economía. El primero de esos debates es el que ya hemos esbozado: ¿debe el Estado intervenir para evitar con fondos públicos la quiebra de empresas privadas por su presunto carácter “estratégico”? A lo dicho sólo añadiría que han existido respuestas distintas a esa pregunta, como en el caso de Islandia: “A diferencia de otras economías occidentales, el gobierno islandés dejó quebrar a sus tres principales bancos (…) y luego fue tras los banqueros irresponsables” (BBC News, 'How did Iceland clean up its banks?', 10 February 2016).  

El segundo debate sobre el papel del Estado en la economía con el que se relaciona la controversia sobre la existencia de sectores “estratégicos” es el de la propiedad.

Una presunción habitual es que, si un determinado sector es particularmente importante para la economía o seguridad de un país, tal vez el Estado debiera ejercer la propiedad sobre él. No es casual, por ejemplo, que en 2005 las tres empresas más grandes del sector de hidrocarburos a nivel mundial fueran propiedad de Estados en desarrollo o poscomunistas: Aramco de Arabia Saudita, Gasprom de Rusia, y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán.

Pero fue el gobierno conservador de Margaret Thatcher en el Reino Unido el que cambió la naturaleza de este debate, al considerar que un sector de la economía podía ser estratégico sin que por ello tuviera que ser propiedad del Estado. De un lado, permitió la participación de capital extranjero en empresas privatizadas incluso en sectores de particular relevancia para la economía o seguridad de su país.

De otro lado, sin embargo, creó las denominadas “Acciones Doradas” como mecanismo especial de regulación. Estas acciones dotaban al Estado británico de un derecho de veto sobre ciertas decisiones corporativas (esencialmente en temas relacionados con la propiedad, tales como la ampliación del capital, la adquisición o la fusión con otras empresas).

En algunos casos, el propósito de esas “Acciones Doradas” era claro: evitar que empresas que producían tecnología de punta en el ámbito militar pudieran ser adquiridas por Estados considerados hostiles o por empresas de otros países que competían con empresas británicas.