En la anterior columna, hablábamos de la controversia en torno a la existencia de sectores estratégicos tiene que ver con las denominadas políticas industriales y sus efectos durante la Gran Depresión.

Casi cien años más tarde, el Acta para la Reducción de la Inflación aprobada por el gobierno de los Estados Unidos podría provocar consecuencias parecidas.

Con el fin de reducir el impacto ambiental del crecimiento económico, a través de dicha Acta el gobierno de los Estados Unidos provee incentivos para que su industria haga una transición hacia energías renovables y tecnologías menos contaminantes. El Acta para la Reducción de la Inflación contiene dos tipos de incentivos que incluso países aliados de los Estados Unidos ven como una fuente de competencia desleal.

De un lado, provee subsidios y exoneraciones tributarias a productores y consumidores (contempla, por ejemplo, un crédito fiscal de hasta 7,500 dólares por la compra de un auto eléctrico).

De otro lado, las empresas solo accederían a esos beneficios si, cuando menos, parte de sus procesos productivos se realizan en los Estados Unidos o en países que tengan acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos (lo cual excluye, por ejemplo, a la Unión Europea, el Reino Unido y China).   

La prueba de que esos beneficios son percibidos como una fuente de competencia desleal en la Unión Europea, es el pronunciamiento conjunto de los gobiernos de Alemania y Francia titulado “Por una Política Industrial Verde Europea, una contribución franco-germana”.

En él sostienen que “Las reglas existentes de ayuda estatal podrían hacerse más ágiles en el área de las tecnologías de transformación”  (es decir, las que permitirían la transición hacia un crecimiento ambientalmente sostenible). Por si hubiera duda de lo que ello implica, añaden que “Proponemos permitir la experimentación con subsidios y exoneraciones tributarias focalizadas”.

Proponen, además, usar la política comercial de la Unión Europea para “preservar el mercado común de las distorsiones que provienen en particular de países que no son economías de mercado y asegurar reglas de juego equitativas”.

Aunque el énfasis está puesto en China (bajo el eufemismo de “países que no son economías de mercado”), la prueba de que esa propuesta también tiene como blanco a los Estados Unidos es el hecho de que, poco después de dar a conocer ese documento, los ministros de economía de Alemania y Francia viajaron a Washington para discutir las implicaciones del Acta para la Reducción de la Inflación.

No en vano la agencia de noticias alemana DW tituló así su informe sobre el tema: “Francia y Alemania viajan a Estados Unidos para evitar una guerra comercial”.

Al riesgo de iniciar un conflicto comercial con sus propios aliados hay que sumar la prohibición a cualquier empresa en el mundo de exportar hacia China microprocesadores avanzados o los medios y tecnología para producirlos, si estos cuentan con propiedad intelectual o componentes provenientes de empresas estadounidenses.

Es decir, además de aplicar políticas que proveen a las empresas estadounidenses de una ventaja competitiva frente a las de sus aliados, les exige a estos últimos dejar de hacer negocios con un país cuyas importaciones representan cerca del 50% del comercio mundial en ciertos tipos de microprocesadores (o de los componentes para producirlos).

Aunque en el corto plazo las empresas con matriz en esos países no pueden sino aplicar esas sanciones, es de suponer que, a largo plazo, intenten producir los mismo bienes sin tecnología o componentes estadounidenses para sortear el efecto de las sanciones y seguir comerciando con China.

De hecho, existe un precedente en la industria satelital: después de que los Estados Unidos introdujeran controles de exportación hacia China en 1999, empresas europeas comenzaron a diseñar satélites libres de componentes estadounidenses para evadir el efecto de esas sanciones y continuar comerciando con China.    

Finalmente, el cuarto debate sobre el papel del Estado en la economía relacionado con la controversia en torno a la existencia de sectores estratégicos tiene que ver con el anterior, en tanto la presunción de que el Estado debe promover o proteger esos sectores podría implicar la adopción de políticas comerciales proteccionistas.

La autosuficiencia en materia de recursos considerados “estratégicos” históricamente ha sido considerado un fin deseable desde una perspectiva geopolítica. De no ser posible, cuando menos debía evitarse depender de rivales potenciales como fuentes de abastecimiento (esa es la razón por la que Chile, durante el gobierno de Augusto Pinochet, prefería importar energía del este asiático antes que hacerlo de la Argentina, un Estado vecino con el que mantenía diferendos limítrofes).

A su vez, la búsqueda de autosuficiencia solía tener como contrapartida negar el acceso a esos recursos a rivales potenciales, todo lo cual incrementa la probabilidad de un conflicto armado entre dos Estados.

Ya en 1939 Eugene Staley advertía de los riesgos que implican las políticas comerciales proteccionistas. Según él, si los países que controlan la mayor parte de los recursos en el mundo no mantuvieran relaciones económicas con el resto, estarían "sembrando las semillas de la intranquilidad y de la guerra. Sobre todo, crean una poderosa dinámica de imperialismo. Cuando se erigen los muros económicos a lo largo de las fronteras políticas, se obliga a que la posesión del territorio coincida con las oportunidades económicas” . 

En otras palabras, en una economía internacional en la que imperan restricciones significativas al comercio, aquellos Estados cuyo crecimiento depende del acceso a recursos naturales que no poseen podrían buscarlos a través de medios militares.

En cambio, en una economía internacional abierta se podría acceder a esos recursos naturales a través del comercio: el contraste entre la conducta expansionista del Estado japonés antes de la Segunda Guerra Mundial y su conducta pacífica tras el fin de esa guerra puede servir como ejemplo de ello. 

Sin embargo, cuando se produjo la pandemia del Covid19, la mayoría de las potencias internacionales prohibieron o restringieron la exportación de equipos médicos (como los respiradores mecánicos) o productos medicinales (como las pruebas de diagnóstico), y luego acapararon en su etapa inicial la oferta de vacunas.

Además, la gran mayoría de los países desarrollados se opusieron en la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la propuesta de India y Sudáfrica para eximir temporalmente a países en desarrollo de cumplir con los derechos de patente, dada la emergencia sanitaria: una propuesta que estaba amparada por cambios que se hicieron al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (o TRIPS, por sus siglas en inglés). Y cuando el inicio de la guerra en Ucrania restringió temporalmente la oferta mundial de alimentos y fertilizantes, Estados como la India restringieron sus propias exportaciones de ese tipo de bienes en previsión de una posible escasez internacional.

Es decir, la oferta de los bienes descritos, que bajo condiciones normales es abundante y accesible mediante el comercio internacional, de pronto se restringió por decisión política bajo condiciones críticas y excepcionales (como una guerra o una pandemia).

Una prueba más de que, empleen o no el término, los Estados que así actúan consideran que los bienes involucrados son “estratégicos” (es decir, de importancia superlativa, cuando menos durante esas coyunturas, para su seguridad o su economía).