El debate en torno al salario mínimo y su impacto en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha sido objeto de discusión durante mucho tiempo, generando opiniones encontradas y perspectivas divergentes.

Por un lado, existen argumentos a favor de aumentar el salario mínimo, destacando los beneficios para los trabajadores en términos de mejora de las condiciones laborales y mayor poder adquisitivo.

Sin embargo, también se plantean preocupaciones sobre cómo este aumento podría afectar a las PYMES, especialmente en lo que respecta a los costos laborales y la rentabilidad.

En este sentido, investigaciones realizadas por la Universidad de California, Berkeley, han arrojado luces sobre este tema controvertido. Según estos estudios, el impacto del aumento del salario mínimo en las PYMES podría ser menos perjudicial de lo que se temía inicialmente. Se ha sugerido que, contrariamente a las expectativas, las PYMES no tienden a reducir empleos en respuesta a un aumento del salario mínimo, e incluso podrían beneficiarse de él al mejorar la productividad y reducir la rotación de personal.

Estas conclusiones desafían las percepciones convencionales sobre el impacto del salario mínimo en las PYMES, y plantean la cuestión de si las preocupaciones sobre los costos laborales son justificadas o exageradas.

Sin embargo, más allá de este debate, existe otra dimensión importante que merece atención y estudio: el impacto en la brecha entre los trabajadores calificados y no calificados, y cómo esta disparidad afecta tanto a los trabajadores como a las empresas.

En primer lugar, el incremento del salario mínimo podría aumentar los costos laborales para las empresas, especialmente aquellas que emplean predominantemente a trabajadores no calificados.

Estas empresas, que a menudo operan con márgenes de ganancia ajustados, podrían verse obligadas a reducir costos en otros aspectos, como la inversión en formación y capacitación para sus empleados. Esto, a su vez, podría limitar las oportunidades de crecimiento y desarrollo para los trabajadores no calificados, ya que podrían enfrentarse a mayores barreras para acceder a empleos mejor remunerados y más estables.

Además, el aumento del salario mínimo podría exacerbar las diferencias en la productividad entre trabajadores calificados y no calificados. Los trabajadores calificados tienden a tener una mayor productividad debido a su educación, habilidades y experiencia, lo que les permite desempeñar tareas más complejas y demandantes.

Si el aumento del salario mínimo resulta en una reducción de los empleos no calificados o en una disminución de las oportunidades de contratación para este tipo de trabajadores, la brecha de productividad entre ambos grupos podría ampliarse aún más.

Otro aspecto a considerar es el efecto en la demanda laboral.

Si las empresas enfrentan mayores costos laborales debido al aumento del salario mínimo, podrían optar por automatizar ciertas tareas o externalizar funciones a países con salarios más bajos. Esto podría resultar en una reducción de las oportunidades de empleo para los trabajadores no calificados, mientras que los trabajadores calificados podrían seguir siendo demandados debido a su capacidad para desempeñar roles que requieren un mayor nivel de habilidad y conocimiento.

Políticas públicas innovadoras podrían abordar la automatización responsable como un medio para mejorar la eficiencia y la productividad en el mercado laboral. Esto implica la creación de incentivos para que las empresas inviertan en tecnologías automatizadas que complementen el trabajo humano en lugar de reemplazarlo.

En esta línea, una colaboración entre el gobierno, las empresas y las instituciones educativas podría estudiar e identificar áreas donde la automatización puede implementarse con visión de responsabilidad social, asegurando que los trabajadores no calificados se beneficien de nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en un mercado laboral automatizado.

Además, programas de formación y reconversión laboral podrían facilitar la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos y la explotación de nuevas oportunidades laborales.

Por otro lado, es esencial reconocer la diversidad dentro del amplio espectro de PYMES, siendo aquellas que tienen ventas anuales entre US$ 95.000 y US$ 3,975 millones al año, que representan aproximadamente el 98% de las entidades empresariales.

Dada esta diversidad, se hace necesario replantear el concepto de PYMES y desarrollar legislaciones más específicas y adaptadas a las diversas realidades y necesidades de cada tipo de negocio.

En lugar de aplicar normativas generales, se podría optar por identificar patrones comunes y necesidades similares entre grupos específicos de estas entidades. Esto permitiría una mayor precisión y eficacia en las políticas públicas orientadas a apoyar su crecimiento y desarrollo, contribuyendo así a reducir la brecha en el mercado laboral y fomentar la equidad y la inclusión.