Dos encuestas revelan la actitud de los peruanos frente al denominado “modelo económico”. Según IPSOS, 32% de ellos quiere que el próximo gobierno efectúe cambios radicales en ese modelo, mientras que un 54% quiere que este efectúe cambios moderados. Según la encuesta del IEP, 58% cree que el modelo económico se debería mantener, pero con cambios, mientras 33% cree que este se debería cambiar totalmente.

Esas encuestas brindan dos mensajes. El primero es que, en materia de política económica, alrededor de un 90% quiere cambios en el statu quo. Lo cual probablemente explique que, en el debate presidencial, la portaestandarte del statu quo (Keiko Fujimori) formulara propuestas como la de duplicar el monto asignado al programa no contributivo Pensión 65, al cual se opuso como concepto (no hablemos ya de duplicar su monto), cuando lo propusiera Ollanta Humala en 2011. El segundo mensaje es que una mayoría absoluta de peruanos ve matices allí donde nuestro debate político parece sugerir que no existen (dado que tanto críticos como defensores del “modelo” tienden a referirse a él en singular, como si hubiese que aceptarlo o rechazarlo en su totalidad).

Quienes en los 80 padecimos hiperinflación y caídas del producto comparables a la de 2020 sin mediar pandemia alguna, podemos dar fe de que existen alternativas bastante peores que el modelo actual. Y coincido con la mayoría en que este modelo tiene características que deberían preservarse. La primera es la denominada “estabilidad macroeconómica”, que implica dos cosas. De un lado, un manejo fiscal que no solo mantenga una deuda pública relativamente baja como proporción de la economía, sino que además permita desarrollar políticas contra-cíclicas. De otro, tener una política monetaria que genere suficientes reservas internacionales como para atenuar las fluctuaciones en el tipo de cambio y, además, mantenga una inflación baja y dentro de un rango prestablecido (estas son, por cierto, políticas que también desarrollaron en alguna medida gobiernos de izquierda, como el de Evo Morales). La segunda es hacer de la empresa privada la fuente fundamental de inversión y crecimiento (en un artículo anterior vimos los problemas que, en América Latina, suele suscitar el papel empresarial del Estado). La tercera característica es la apertura al comercio y, en general, a la economía internacional. Es cierto que, aunque la apertura comercial contribuye al crecimiento, en ocasiones puede tener consecuencias regresivas en materia distributiva o generar grandes pérdidas en algunos sectores de la economía. Pero en países como los nórdicos, la respuesta ante esos problemas no fue regresar al proteccionismo, sino desplegar, de un lado, las políticas redistributivas propias del Estado de Bienestar y, de otro, las denominadas “políticas activas del mercado laboral” (v., ayuda temporal, entrenamiento para la reinserción laboral, asesoría en la búsqueda de trabajo, etc.), que facilitan adecuarse a los cambios. Por último, nuestro modelo económico busca, al menos en principio, apelar al mercado como principal mecanismo para la asignación de recursos.

Si eso es lo que creo que cabría preservar, ¿qué es lo que debería cambiarse? En primer lugar, algo que, como acabamos de decir, debiera ser parte del modelo, pero no siempre lo es: que sean mercados competitivos (o en los que, cuando menos, no haya barreras significativas al ingreso de competidores), el principal mecanismo de asignación de recursos. No en vano una de esas escasas ocasiones en las que la aséptica teoría económica neoclásica emplea la palabra “poder” es cuando habla del denominado “poder de mercado”. Si duda de su existencia en Perú, pregúntese por qué el Indecopi paga publicidad televisiva en la cual ofrece hasta S/ 400.000 (poco más de US$ 108.000) de recompensa a quienes denuncien casos de concertación empresarial. O recuerde resoluciones del propio Indecopi, como la que en 2013 multó a tres empresas proveedoras de oxígeno medicinal por concertación en detrimento de EsSalud.    

Podría responderse que resoluciones como esa prueban que los organismos encargados de impedir la concertación están cumpliendo su función. Pero antes de llegar a esa conclusión habría que hacer algunas advertencias. La primera consiste en recordar las fechas. La concertación entre empresas proveedoras de oxígeno medicinal se produjo entre enero de 1999 y junio de 2004, la resolución final de Indecopi sobre la materia se aprobó en 2013, y el Poder Judicial le dio la razón en última instancia en junio de 2020. Es decir, pasaron más de 20 años entre el inicio de la concertación y el que se hiciera efectiva la sanción. Ello sin mencionar el debate sobre si el monto de la multa impuesta tuvo el efecto disuasivo que pretendía tener. Un probable indicio de lo contrario es que como señalamos, el fallo de la Corte Suprema se emitió en junio de 2020, es decir, al mismo tiempo en que los consumidores de oxígeno medicinal veían su precio multiplicarse por diez en plena pandemia.  

Cuando para revertir esa situación se propuso intervenir temporalmente la producción de oxígeno medicinal, se formularon dos críticas a esa propuesta. La primera fue que ello violaba el papel subsidiario que la constitución le asigna al Estado. Ello pese a que la propuesta estaba amparada en la Ley General de Salud y la Constitución permite al Estado realizar actividad empresarial “por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Por lo demás, si fuera cierto que, en plena pandemia, el Estado no puede impedir que el precio del oxígeno medicinal se multiplique por diez por razones constitucionales, eso parece darle la razón a quienes sostienen que es necesario hacer cambios a la Constitución de 1993. La otra crítica era que la propuesta constituía una intromisión incompatible con una economía de mercado, y propia más bien de dictaduras comunistas. Lo cual ignora que, en tiempos de pandemia, incluso gobiernos conservadores en democracias capitalistas, como el de Boris Johnson en el caso de Dyson o Donald Trump en el caso de General Motors, intervinieron para obligar a empresas privadas a producir respiradores mecánicos (bien que no producían normalmente), en plazos, cantidades y precios establecidos de antemano (es decir, bajo condiciones diferentes a las que establecería el mercado).

Continuaré con este tema en una siguiente columna.