Las elecciones presidenciales de 2021 en Perú nos muestran una serie de candidatos con propuestas que no necesariamente son viables económicamente. Tenemos que recordar que la pandemia del coronavirus obligó a restringir las actividades productivas a nivel mundial a partir de marzo de 2020, la que generó recesión y, por consiguiente, altos déficits fiscales en muchas de las economías a nivel mundial. Previo a la crisis del coronavirus, la economía peruana ya tenía déficits fiscales de 2% del PIB y que contrasta con periodos donde tuvimos superávits fiscales. Esos fueron los periodos del boom de commodities, caracterizados por altas tasas de crecimientos y significativos ingresos para el Estado.
Para el rescate de nuestra economía y alivio de los deteriorados ingresos de hogares vulnerables, hemos agotado los ahorros fiscales durante 2020, eso fue aproximadamente un 10% del PIB. Ya nos queda muy poco margen de maniobrabilidad fiscal, a pesar que somos una de las economías como menor deuda total como porcentaje del PIB. Sin embargo, el Congreso que se instaló en 2020 ha dictaminado una serie de medidas que incrementan los costos laborales, desincentivan la inversión privada y desencadenan la insostenibilidad fiscal. Medidas que cambian las estructuras de costos laborales en el agro, empleados del sector público CAS y empleadas del hogar, han generado mayor informalidad y desempleo en éstos sectores. Por ejemplo, ahora que los trabajadores CAS, tienen mayores beneficios laborales, ya no hay convocatorias y justo en momentos que se requiere brindar ofertas de empleo para que los ingresos de las familias se recuperen.
Nuestra actual estructura tributaria, no muy sopesada técnicamente por los congresistas, no incentiva el crecimiento de las empresas y fomenta informalidad. Uno de los retos del nuevo gobierno es re-evaluar los dictámenes del actual congreso y reformar la estructura tributaria de tal manera que incentive la inversión privada. Una consecuencia inmediata de los problemas de adecuadas condiciones de mercado para el inversionista privado es la repentina devaluación previa a las elecciones. Nuestra divisa extranjera ha llegado a niveles similares a 2000, periodo de incertidumbre provocada por la dictadura de Fujimori. Esta devaluación del sol activa el riesgo cambiario crediticio y la inflación, ya que, buena parte de las deudas del sistema financiero están en dólares y los costos de insumos están amarrados a la divisa extranjera.
Felizmente, la inflación no es un problema como sí en Venezuela o en nuestro país en la década de los 80. Sin embargo, la recesión y desempleo sí es un problema para atacar, difícil de resolver cuando el Estado no tiene mucho margen de maniobrabilidad fiscal. La inversión pública es la salida, pero la lenta ejecución del gobierno es insoslayable. Por consiguiente, una adecuada condición de mercado para el sector privado es imprescindible, junto a la ejecución de los megaproyectos públicos en asociación con el sector privado. Estímulos por la demanda vía bonos para familias vulnerables, implican un costo para un bajo beneficio. Es importante la generación de empleo, por tanto, el estímulo por el lado de la oferta es más importante que la reactivación por demanda.
La salud está articulada con la economía y prima antes que la última. La falta de gestión del gobierno en materia de salud es un tema importante en la agenda del gobierno entrante. Una vez que se logre la inmunidad en el país, las actividades productivas se reactivarán. Sin embargo, si nos demoramos más en reactivar las actividades productivas debido a la lentitud en gestión de salud, la recuperación de los sectores económicos se dificultará ya que muchas empresas estarán insolventes y sobrendeudadas. Sectores ligados a primera necesidad son los menos golpeados, pero hay muchos sectores de servicios, como hoteles y restaurantes, manufactura ligada a empresas fuera del alcance de alimentos que han sido fuertemente golpeadas. Llevamos casi un año y es probable que tengamos otro año más con recesión. Ninguna empresa puede sobrevivir por tanto tiempo y es un reto para el nuevo gobierno identificar los sectores productivos y brindar ciertas amnistías tributarias, a fin de evitar que desaparezcan del mercado.
El reto es enorme. Antes estábamos en piloto automático, pero ahora es que se va a tener que apreciar a los mejores técnicos que puedan gestionar y asignar los recursos de la manera más eficientemente posible.
