El debate político sobre la gestión de la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, es una síntesis del fracaso del gobierno de Duque-Uribe, en materia de inversión en Ciencia y Tecnología. Por eso para las personas que no comparten el programa de gobierno y el modelo de Estado que defiende el Centro Democrático (CD), asumir una solidaridad racial en defensa de la ministra Torres, resulta bastante polémico. Porque detrás del debate lo que se esconde es una disputa por el control de la burocracia y el presupuesto de esa cartera entre críticos y aliados del CD.

Una disputa política y económica que se maquilla con el velo del racismo, pero que las garras de los políticos están que caen sobre los recursos de Ciencia y Tecnología. Entonces, dentro de ese juego de cálculos políticos no se puede caer en el error de convertirse en defensor del desastre del gobierno Duque-Uribe. Un gobierno que no hace nada para frenar las rachas de asesinatos de líderes sociales y que por todos los medios busca hacer trizas el acuerdo de paz.

Y lo quiere hacer trizas, porque el acuerdo de paz con las Farc por primera vez generó el surgimiento de un debate político entre dos fuerzas políticas que defienden dos modelos de Estados bien diferentes. Por un lado, el modelo de Estado de la ultraderecha que simboliza Álvaro Uribe y su partido CD y que en las elecciones pasadas logró unir todas las fuerzas del establecimiento, salpicadas por los más sonados escándalos de corrupción y  vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico se unieron para defender el statu quo eligiendo al presidente Iván Duque.

Una estrategia política para seguir controlando la hegemonía, sustentada en una especie de reedición del Frente Nacional, liderado por los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria. Una hegemonía de dos siglos que se traduce en un país profundamente desigual, donde el 1% de la población controla más del 50% de la riqueza nacional, mientras que el 10% más pobre sólo tiene el 0,6%.

Del otro lado, la clase emergente que defiende un modelo de Estado más incluyente, una clase excluida, conformada por la clase media y pobre, integradas por inconformes de los partidos liberales, conservadores, del Polo, Verdes y sin partido. Clase emergente que apoyo a Gustavo Petro, y que busca impulsar las reformas económicas, políticas y sociales para adecuar el país a los tiempos modernos del capitalismo progresista.

Un sector que lucha por desarrollar reformas estructurales como la agraria, de la educación, la salud y una mejor distribución de la riqueza, para darle mayores oportunidades de acceso en la pirámide del poder a las minorías étnicas y políticas.

Reformas dentro del capitalismo y que necesitan en un país como el nuestro para reorientar su desarrollo y pasar de una economía extractivista de minerales a una economía basada en una revolución agrícola e industrial para modernizar el Estado y la economía.

Las elecciones pasadas se desarrollaron dentro de un contexto de una disputa por el poder entre estos dos modelos de Estado. Duque conto con el respaldo de las clases altas de los estratos 4, 5 y 6. En cambio, la fortaleza de Gustavo Petro estuvo en los estratos 1,2 y 3. La actual polarización política que se vive en el país no es una disputa política de egos, entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro, sino una disputa por el control del poder entre grupos económicos y entre modelos de Estado con diferencias muy marcadas.

Detrás del discurso de la polarización entre Uribe y Petro, lo que se oculta es una disputa económica y política entre centro de poderes de la clase dominante y de la clase emergente. Entonces, cuando se examina las disputas por el control del poder dentro de este ámbito, la simple solidaridad racial por el color de la piel con la ministra Torres, se vuelve un asunto bastaste quimérico.