El escándalo del privilegio en la vacunación de personas no relacionadas con la primera línea de atención ante el COVID-19 que se ha destapado en Perú durante los últimos días, denominado “Vacunagate”, cuestiona al país, en el momento en que más necesitamos los peruanos poder confiar y ver autoridades que actúen con transparencia.
Esto dista de ser un tema menor, como algunas personas involucradas han insinuado en medios. El solo hecho del acceso privilegiado y a escondidas, a un bien escaso que reviste de interés público, que ingresó al país únicamente con autorización pública y que tenía la posibilidad de salvar la vida de personas que día a día están en exposición directa con COVID-19 (como son el personal médico de las UCI y los policías), genera ya cuestionamientos éticos y legales. A esto le sumamos, que altos funcionarios del Estado se vieron beneficiados por una ola de vacunas a lo largo de distintos meses, lo que nos lleva a pensar cómo quedan las instituciones al ver a sus máximos representantes involucrados y el impacto social que conlleva.
Perú es un país que no se caracteriza por tener instituciones sólidas ni en el sector público ni en el privado, por el contrario, basta revisar los informes de Instituto Nacional de Estadística (INEI) sobre la percepción ciudadana en la materia, para tener claro que casi la totalidad de instituciones por las que se consulta, no gozan de la credibilidad de la población. La construcción de esa institucionalidad es un gran espacio de mejora y reto constante, que en contextos de crisis como el que estamos viviendo, brinda la oportunidad de fortalecer el vínculo con la población a través de la generación de confianza, con un actuar eficiente, solidario, responsable, consecuente y, sobre todo, transparente.
En el Estado, los principios que rigen el actuar de la administración pública implican el respeto a las normas vigentes, a la transparencia, al proceder evitando los conflictos de intereses, entre otros. La administración pública, al ejercer sus funciones y prerrogativas en el marco del interés general, debe colocar a los ciudadanos en el centro de su accionar. Es por ello que los servidores públicos no deben poner en tela de juicio su gestión aprovechando la posición que ostentan, ni comprometer la transparencia en su proceder. Cuando ello sucede, a nivel de los más altos funcionarios y de forma continua, las instituciones públicas pueden verse cuestionadas. La acción rápida correctiva es determinante para evitar que el descontento ante las autoridades, se vuelva un descontento ante la institución que representan.
El Vacunagate llega en el momento más duro, en medio de una segunda ola de la crisis sanitaria más dramática que ha vivido el país, enardeciendo más aún las constantes tensiones políticas y sembrando más desconfianza en la población. Frente a ello, la reacción rápida de las autoridades públicas es clave, y han sido pasos importantes el deslinde, la solicitud de investigaciones, el rechazo expresado públicamente; será igual o más importante la pronta fiscalización y sanción de responsables.
