En solidaridad con Ángel Verdugo
Dos visiones sobre la transición política mexicana caracterizan a los observadores y estudiosos del tema: una sostiene que la transición concluyó el día en que hubo elecciones limpias y competidas que permitieron un cambio pacífico en el poder. La otra argumenta que el sistema político no ha cambiado de naturaleza a pesar de la alternancia de partidos políticos. Más allá de los detalles, quizá la pregunta pertinente sea ¿qué debió haberse hecho diferente para llegar a un mejor puerto? La respuesta permitiría un diagnóstico más agudo de la situación actual y, quizá, en un idílico ejercicio de estadistas, volver a empezar.
La reforma electoral de 1996 fue un gran ejercicio de alta política. Tanto el presidente como los grupos de trabajo, sobre todo académicos, y los líderes de los diversos partidos pujaron y presionaron para lograr el esquema que hizo posible que, desde 1997, México tuviera elecciones libres, limpias, competidas y profesionalmente administradas. Dada la historia previa, nadie puede minusvalorar lo ahí logrado.
También me parece que, con la perspectiva y arrogancia que permite el espejo retrovisor, hubo más esperanza y júbilo entre quienes lograron aquella reforma que previsión y profundidad. La elección de 2000 fue aplaudida dentro y fuera de México porque se logró una alternancia de partidos en la presidencia de manera pacífica, pero la realidad es que ese aplauso se refería más al hecho de que perdió el partido que había estado décadas en el poder que una verdadera transformación del Estado mexicano. El factor clave fue que triunfó el candidato políticamente correcto, lo que le permitió a todos los actores auto congratularse por el hito que eso representó. Sin embargo, los sucesos de la siguiente contienda presidencial en 2006 demostrarían que México estaba lejos de haber arribado a la democracia.
La realidad simple y dura es que los poderes reales del viejo sistema (no solo en el PRI) querían cambios que facilitaran su propio triunfo, pero no estaban dispuestos a una verdadera apertura ni tampoco a una transformación cabal del sistema político o de las estructuras gubernamentales. Se transformó el sistema electoral de manera radical, creando un aparato inusualmente estructurado (respecto al mundo) y también costoso porque, como dijera José Woldenberg en su momento, ese era el precio de las desconfianzas. Acabamos con un instrumento excepcionalmente poderoso para garantizar que el voto decidiera quien nos gobernaría pero, como ilustra el momento actual, no hemos logrado un mejor resultado en la forma de gobernarnos.
Los mexicanos podemos estar orgullosos de haber resuelto el problema del acceso al poder, lo que hace que las críticas al Instituto Nacional Electoral (INE) sean no solo injustas sino absurdas porque el problema que se quiso resolver en 1996 y en las subsecuentes reformas se resolvió de manera cabal. El asunto es que lo que no se resolvió ahí es la forma en que los mexicanos debemos gobernarnos, lo que entraña atender tanto la forma en que funciona el gobierno como los derechos de la ciudadanía.
Los promotores y actores clave de la reforma de 1996 estaban convencidos que el nudo que impedía transformar al sistema político era el sistema electoral. Sus expectativas eran que, una vez lograda la alternancia de partidos en la presidencia, las piezas se acomodarían de manera automática, abriendo nuevas oportunidades para la participación política. Nadie previó que el viejo sistema tenía anclas e inercias tan poderosas que han logrado resistir un cuarto de siglo prácticamente intocadas. A eso debe añadirse la tragedia que representó el hecho de que el ganador en 2000 no tenía idea de la responsabilidad que caía en sus manos o de la oportunidad que ello representaba. El trabajo inacabado de unos y la ignorancia y desidia del otro permitió que la victoria fuera de la inercia y de los poderes fácticos.
En honor a la verdad, a nadie debió sorprender el resultado, porque en mucho es parte del ADN nacional. Cuando se negoció el tratado de libre comercio (TLC) quedaron tres productos agrícolas (maíz, frijol y leche en polvo) a los que se les dio 17 años de ajuste antes de que se abrieran las importaciones. Pasados 16 años y ante la inminencia de la apertura, las organizaciones de productores comenzaron a bramar “no nos dieron suficiente tiempo”. Al final, la campana los salvó porque los precios se elevaron justo en ese momento, permitiendo una transición sin complicaciones. Pero el ejemplo ilustra nuestra forma de proceder: en lugar de anticipar y actuar de manera oportuna, siempre andamos corriendo cuando algo ya salió mal.
El gran pendiente de la política mexicana es el de la reforma cabal del gobierno. El gobierno mexicano es opaco, intrínsecamente corrupto, no rinde cuentas ni se apega a marco legal alguno. La forma en que el presidente actual ha podido desmantelar el entramado institucional demuestra que éste no gozaba de la fortaleza y legitimidad que muchos suponían. Quien pretenda retornar a una senda de estabilidad, crecimiento y desarrollo no tendrá más remedio que emprender una transformación de gran calado, sin lo cual la desconfianza tanto de ciudadanos como de empresarios e inversionistas va a ser permanente, impidiendo la prosperidad y el bienestar de la población.
