A instancias del partido español Vox, personalidades de lo que denominan la “Iberosfera” suscribieron la Carta de Madrid (entre ellos, representantes de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular en el Perú). Invocando el respeto a la democracia como principio fundamental, ese documento sostiene que “El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades”. Existen sin embargo razones para dudar de que sean esos principios los que motivan a buena parte de sus firmantes. Por restricciones de espacio, me remitiré principalmente al caso de Vox.
Comencemos por su líder, Santiago Abascal. Este ha declarado, por ejemplo, que “Vox no tiene posición sobre Franco”. Es decir, sobre un personaje que propició un golpe de Estado contra un gobierno democráticamente elegido, dando origen a una guerra civil que derivó en una longeva dictadura. El mismo Franco al que respaldó en esa guerra el régimen nazi de Adolfo Hitler a través de la Legión Cóndor, a quien devolvería el favor con el envío de la División Azul al frente soviético durante la segunda guerra mundial. Dictador al que el propio Abascal rinde velada pleitesía cuando declara, por ejemplo, que “lo que se ha estropeado en 40 años” (el período de la España democrática), “no se va a arreglar de la noche a la mañana”.
Si cree que esa es historia antigua y habría que juzgar a Vox por su conducta actual, pase revista a sus aliados europeos. Cuando Vox obtuvo tres representantes ante el Parlamento Europeo, decidió incorporarse a la bancada del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, liderada por el partido de gobierno polaco, Ley y Justicia. Es decir, el mismo gobierno al que la Comisión Europea denunció ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por violar la independencia del poder judicial, y al que dicho Tribunal sancionó con una multa de un millón de euros diarios hasta que derogue una norma diseñada para someter a los jueces a su voluntad.
Si retoma nuestra cita inicial de la Carta de Madrid, recordará que la defensa de “la separación de poderes” es uno de los principios que pregona. Pues bien, cuando ese principio fue violado en Polonia, ¿cuál fue la posición de Vox? Asumir la defensa de la decisión del Tribunal Constitucional polaco (controlado por sus aliados de Ley y Justicia), de desconocer la primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional (sin pronunciarse sobre la independencia judicial).
Y aquí pasamos al problema de fondo con la Carta de Madrid: a Vox la defensa de principios como la democracia, los derechos humanos o la independencia judicial sólo parecen importarle cuando estos son violados por las dictaduras cubana, nicaragüense o venezolana. El énfasis excluyente en esos regímenes queda claro por la profusión de expresiones como esta: “Sin embargo, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico”. Con el agravante de que suelen ser incapaces de distinguir entre comunistas y socialdemócratas. Es más, ni siquiera lo intentan: Abascal sostiene, por ejemplo, que “Me dan igual progres o comunistas”. Lo cual equivale a decir que da lo mismo el gobierno socialdemócrata de Dinamarca que el régimen comunista norcoreano.
Por eso es improbable que los suscriptores de la Carta de Madrid se pronuncien, por ejemplo, sobre los 6402 asesinatos extrajudiciales identificados por la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia entre 2002 y 2008 (es decir, básicamente durante el gobierno de Álvaro Uribe). O sobre el fraude electoral de 2017 en Honduras (constatado por la Misión Electoral de la OEA y su Secretario General). O sobre las condenas por narcotráfico en los Estados Unidos contra políticos conservadores de Honduras o sus familiares cercanos
