Contar con un aparato público acorde a las exigencias que demanda la realidad de la ciudadanía ha sido una preocupación constante de los gobiernos recientes. Sin embargo, estos esfuerzos siguen insuficientes cuando hoy nos encontramos en una situación que exige un Chile aún más robusto, capaz y seguro desde el punto de vista de la digitalización.

En octubre pasado la OCDE presentó el primer Índice de Gobierno Digital, en el cual Chile aparece en cuarto lugar en la región, superado por Colombia, Uruguay y Brasil. Se trata de una posición que abre grandes posibilidades de intervención para robustecer aún más los servicios públicos del país. En tanto, de las 63 medidas que forman parte de la Agenda Digital 2020, solo 24 se encuentran 100% cumplidas. Las otras 39, continúan en proceso.

Sin duda, la crisis global de salud hizo que prácticamente todos los países realizaran profundas revisiones internas para saber de qué forma podían responder a la urgencia de mantenerse en funcionamiento. Con personas confinadas y en formato de teletrabajo, empresas cerradas, fuertes restricciones al desplazamiento y a la realización de trámites presenciales, fue necesario acelerar un proceso de transformación que facilite la vida de las personas.

En el marco de la modernización del Estado, las instituciones se conciben como entidades habilitadoras de mejoras en la calidad de vida de sus ciudadanos. Cuando nos referimos al gobierno digital, en especial en los tiempos actuales, hablamos de la identificación y el registro digital de atributos legales de sus ciudadanos. En este sentido, y aun cuando dentro de este modelo de servicios deben ser las personas las encargadas de gestionar sus propios requerimientos en cuanto a su validación y fe en sus actos administrativos, comerciales y de otra índole, son las instituciones del Estado las que requieren ser capaces de brindar servicios con total transparencia, elevada eficiencia y con base en una simplificación de los procedimientos administrativos.

Para lo anterior, se requiere que en el corto plazo se logre un intercambio automatizado de datos entre instituciones, para focalizar, entregar y hacer seguimiento de los servicios brindados a la ciudadanía y a sus familias.

Esto involucra retos de diversos tipos para el intercambio efectivo de información: voluntad política, la formación de los involucrados y el cambio cultural al interior de todo el Gobierno. La conjunción de estos elementos nos lleva a planificar la manera en que se pueden integrar los procesos interinstitucionales con la construcción de un marco legal adecuado que le otorgue las facultades a una entidad para intercambiar su información.

Contar con una cultura de transversalidad y colaboración viene a impulsar los grandes proyectos de interoperabilidad, con beneficios como: ahorro de tiempo, capacidad almacenamiento de información y evitar duplicación de documentos.

El propio Estado estableció una fecha clave dentro de su propio proceso de digitalización: entre mayo de 2021 y el mismo mes en 2024 se espera que la relación con los ciudadanos sea cero papel y 100% digital. Así quedó establecido en la Ley N°21.180 sobre Transformación Digital del Estado. Mantener diálogos abiertos y constantes con todos los actores de la sociedad civil y las empresas en especial las de tecnología, será clave porque Chile requiere y merece un verdadero paso hacia la tan anhelada digitalización.