El presidente de México adelantó que en abril enviará al Congreso la propuesta de reforma electoral y suma, de esta manera, un nuevo capítulo a la confrontación que tiene con los organismos que supervisan los comicios en su país.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que en abril enviará al Congreso una propuesta de reforma electoral para que "el pueblo" escoja directamente a magistrados y consejeros del área, en un nuevo capítulo de su confrontación con los organismos que supervisan los comicios en el país.
El mandatario ha criticado desde hace años al Instituto Nacional Electoral (INE), al que responsabiliza de supuestos fraudes que, según él, le llevaron a perder las presidenciales de 2006 y 2012. También ha cuestionado al tribunal encargado de resolver las controversias del sector (TEPJF).
"Pasado el 10 de abril, vamos a enviar una incitativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México", dijo en rueda de prensa, al ser consultado sobre un fallo del TEPJF que impide a funcionarios promover una consulta revocatoria convocada para ese día por el oficialismo.
López Obrador ha cuestionado a las autoridades electorales por no promover esa votación, que es vista por analistas como un intento de mantener activa a su militancia y considerada por la oposición como un gasto innecesario de dinero público, mientras que el INE se ha quejado por falta de fondos.
"Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados, de manera directa, con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma directa", agregó el gobernante, que con frecuencia ha pedido profundizar la democracia participativa en detrimento de la representativa.
Desde que asumió el poder en 2018, el presidente ha tenido múltiples choques con el INE. En agosto de 2021, afirmó que las autoridades electorales debían renunciar, en respuesta a la destitución del titular del TEPJF, tribunal al que ahora critica.
En noviembre, al aprobar el presupuesto federal de 2022, el Congreso de mayoría oficialista autorizó un recorte de casi un 20% a los fondos del instituto electoral respecto al proyecto presentado, en medio de críticas de la oposición por un presunto atentado a la institucionalidad y la democracia.