En su informe anual el organismo resaltó que "en Brasil, Jamaica, Colombia y México se acusó a las fuerzas de seguridad de perpetrar centenares de homicidios ilegítimos".
Lima. Latinoamérica debe frenar una creciente ola de homicidios perpetrados por fuerzas de seguridad que combaten la violencia vinculada al narcotráfico y grupos rebeldes, dijo el miércoles Amnistía Internacional.
El grupo de derechos humanos destacó que en países de la región como México, enfrascado una guerra contra cárteles de la droga; y Colombia, en un largo conflicto contra guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, soldados y policías cometen delitos bajo el velo de garantizar la seguridad.
"En Brasil, Jamaica, Colombia y México se acusó a las fuerzas de seguridad de perpetrar centenares de homicidios ilegítimos, a los que, en la mayoría de los casos, las autoridades trataban de restar importancia calificándolos de homicidios provocados por resistencia a la detención", dijo Amnistía Internacional en su informe anual.
En México, tres años después de que el presidente Felipe Calderón asumiera y lanzara una campaña militar contra los cárteles de la droga -que se enfrentan entre sí y con fuerzas de seguridad-, los asesinatos han crecido a niveles sin precedentes de casi 23.000 muertos desde el 2006.
Su vecino Estados Unidos dijo el martes que ordenará el despliegue de hasta 1.200 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México y solicitará 500 millones de dólares de fondos suplementarios para reforzar la seguridad fronteriza.
En Colombia, si bien el presidente Alvaro Uribe ha golpeado a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta su punto más débil en años, la guerrilla y los grupos paramilitares aún amenazan la seguridad nacional.
En el país, "todas las partes implicadas -fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros- continuaron perpetrando abusos contra los derechos humanos y vulnerando el derecho internacional humanitario", afirmó Amnistía.
Los gobiernos de la región han hecho "muy poco" para impedir los abusos y enjuiciar a los responsables, agregó.
Asimismo, refirió que pese a los informes de violaciones a los derechos humanos perpetrados por miembros del Ejército y fuerzas de seguridad en Colombia y México, ambos reciben ayuda significativa de Estados Unidos en materia de seguridad.
El organismo expresó una gran preocupación por la creciente tasa de asesinatos en la región, especialmente en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
"En las comunidades pobres de Latinoamérica y el Caribe, la violencia de las bandas delincuentes y los métodos corruptos, represivos y discriminatorios empleados por la policía afectaban a millones de personas", precisó.
Además del narcotráfico, la delincuencia organizada también incluye ahora secuestros y la trata de personas incluyendo mujeres y niños, agregó Amnistía.
Integración regional obtaculizada. Por otro lado, dijo que la creciente tensión entre varios países -de Colombia con Ecuador y Venezuela y de Perú con Chile y Bolivia- "obstaculizaron" la integración regional.
Bogotá y Caracas mantienen una disputa que ha golpeado sus relaciones comerciales y diplomáticas a causa del convenio firmado por Colombia y Washington que permite el acceso de militares estadounidenses a bases militares colombianas y que el presidente venezolano, Hugo Chávez, considera una amenaza.
La relación entre Bogotá y Quito también está resquebrajada desde el 2008, cuando fuerzas colombianas atacaron un campamento de las FARC en una zona selvática ecuatoriana. Chile y Perú mantienen un diferendo sobre sus límites marítimos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
"Al finalizar el año (...) las relaciones eran tensas como consecuencia de la crisis en Honduras, la política estadounidense sobre Cuba y el acuerdo alcanzado por Estados Unidos con Colombia para utilizar algunas de sus bases militares", afirmó Amnistía.
Honduras sufrió en junio del 2009 el primer golpe de Estado en Centroamérica desde la Guerra Fría, cuando sus Fuerzas Armadas derrocaron el entonces presidente Manuel Zelaya. Al derrocamiento "siguieron meses de turbulencia e inestabilidad política que las elecciones celebradas en noviembre no consiguieron eliminar", dijo el organismo.
Los hondureños eligieron como nuevo presidente a Porfirio Lobo, quien aún no tiene un reconocimiento total por parte de la comunidad internacional.
Amnistía precisó que si bien algunos países lograron avances "importantes" sobre los abusos a los derechos humanos durante las dictaduras militares que asolaron la región, aún se afrontan amenazas y actos de acoso e intimidación.
"La ausencia de rendición de cuentas por los abusos cometidos durante este tenebroso período ha contribuido a perpetuar políticas y prácticas que fomentan la persistencia de dichos abusos", mencionó Amnistía en su informe.
