La implementación del acuerdo a través de una inversión de billones de dólares para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero sería mucho más económico que pagar los costes de las personas enfermas por el aire contaminado, dijeron científicos.

La implementación del acuerdo climático de París a través de una inversión de billones de dólares para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero sería mucho más económico que pagar los costes de las personas enfermas por el aire contaminado, dijeron científicos.

Los gobiernos de todo el mundo podrían ahorrar US$ 54 billones en atención médica invirtiendo menos de la mitad de esa suma en proyectos ecológicos antes de mediados de siglo, señalaron los investigadores en un estudio publicado en The Lancet Planetary Health, una revista académica online.

Tal inversión resultaría en 30 millones de muertes prematuras menos relacionadas con la contaminación del aire, dijo el coautor del estudio, Jon Sampedro, investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático.

El acuerdo de París fue firmado en 2015 por cerca de 200 países comprometidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente como para mantener el aumento global de las temperaturas “muy por debajo” de 2 grados centígrados por encima de la era preindustrial.

Un borrador del informe de la ONU a principios de este año proyectó que, a menos que los gobiernos tomen medidas sin precedentes, el aumento de la temperatura global está en camino a exceder el objetivo más difícil del acuerdo.

El equipo de investigadores de España, Estados Unidos e Italia ejecutó modelos computarizados que combinaban estimaciones futuras de emisiones, muertes relacionadas con la contaminación del aire y beneficios de salud para todo el mundo.

Lograr el mayor nivel de ahorro requeriría que China e India realizaran la mayor inversión conjunta para enfrentar el cambio climático, de unos US$ 9 billones, según el estudio. Esos países reúnen alrededor de un tercio de la población mundial.

El acuerdo de París permitió a las naciones establecer sus propios objetivos para frenar el cambio climático, pero sin sanciones por incumplimiento.