Por Héctor Garín, Secretario general de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) y presidente de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal (FEMECA).
Resulta cuanto menos sorprendente que los debates sobre el sistema sanitario argentino suelen centrarse en los males de su fragmentación entre sectores públicos (nacional, provincial, municipal) y privado (prepagas y obras sociales) sin detenerse en la situación de los médicos. ¿Cómo puede funcionar bien un sistema cuando se desatiende a quienes son los actores clave e imprescindibles?
En una alarmante cantidad de casos, los médicos que trabajan en el ámbito privado no están cubiertos por la Seguridad Social y tampoco cuentan con ningún tipo de licencia para capacitarse. A las mujeres se les niegan las debidas licencias por maternidad ni lactancia. Además, muchas clínicas, sanatorios y obras sociales tienen a un alto porcentaje de su personal como monotributistas, es decir bajo condiciones laborales precarias o lo que es lo mismo: “en negro”. Esta situación da lugar a una escandalosa evasión de aportes jubilatorios y a la Seguridad Social por unos 10.000 millones de pesos (US$ 616 millones) al año.
Muchas veces -demasiadas- los pacientes son atendidos por profesionales a quienes se les niega derechos consagrados por la Constitución. Ejercen la medicina sin seguro de accidente laboral, por lo que ante cualquier problema son despedidos sin indemnización o dejan de percibir sus honorarios hasta que puedan reincorporarse. Tampoco cuentan con seguro de desempleo, vacaciones ni aguinaldo. Asimismo, a los residentes, como se llama a los médicos que se capacitan para una determinada especialidad, se les exige una jornada de 14 horas diarias y guardias de 24 horas, de modo tal que pueden llegar a trabajar cerca de 120 horas semanales cuando la legislación vigente establece un límite de 48 horas.
Un relevamiento realizado por la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) muestra que hay alrededor de 100.000 médicos que trabajan en sanatorios, clínicas, obras sociales y servicios de ambulancias de todo el país. Se calcula que 75.000, es decir tres cuartas partes del total, no están registrados. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la cifra de médicos en condiciones de trabajo esclavo es de 9.000, es decir un tercio de los 30.000 que ejercen en ese distrito.
La millonaria evasión de clínicas, sanatorios, hospitales de comunidad y obras sociales se origina en que más del 40% de médicos en la Capital Federal y cerca del 98% en las provincias trabajan como monotributistas, y las empresas no pagan así los aportes previsionales y de la seguridad social. A los médicos de empresas de medicina privada se les niegan los derechos básicos que tienen los trabajadores.
También, es muy importante que se vaya modificando el pensamiento de los médicos, porque hace ya mucho tiempo que ha cambiado su condición. Ya no ejerce aquella profesión liberal en la que había una relación directa con el paciente en su consultorio. Ahora es un trabajador en relación de dependencia en cuanto a deberes y derechos.
Simplemente se trata de cumplir el derecho a la igualdad ante la ley consagrado en la Constitución Nacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. Son razones de justicia y equidad. Además, la salud de los médicos es la base de la salud de todos.
