La instancia entregó a Cristina Fernández, en un sobre cerrado, su informe sobre el presidente del Banco Central. Aunque no es vinculante, trascendió que el fallo apoyó la remoción.

Buenos Aires. Una comisión del Congreso de Argentina se pronunció este martes sobre la conducta del ex jefe del Banco Central Martín Redrado, quien enfrentó un plan del gobierno para usar las reservas de la autoridad monetaria, que la presidenta Cristina Fernández busca revivir.

La opinión de la comisión, que no es vinculante, era esperada para que Fernández concluya el proceso formal de destitución de Redrado, al que acusó de "mala conducta", aunque la puja por el uso de reservas continúa, ya que el plan oficial está bloqueado en la justicia a la espera de un pronunciamiento del Congreso.

Redrado renunció el pasado viernes a la presidencia del Banco Central, acusando a Fernández de haber atropellado la independencia de la autoridad monetaria y de tener una "voracidad que no tiene límites" para disponer de las reservas de la autoridad monetaria.

Pero la mandataria no aceptó la dimisión y continuó con el trámite legal para despedirlo, que necesita el pronunciamiento de la comisión parlamentaria.

Un portavoz del gobierno confirmó que la resolución había llegado a la presidenta, pero no dio detalles al respecto. Medios locales aseguraron que la comisión había apoyado, por dos votos contra uno, la destitución de Redrado.

"Una comisión que fue creada para evaluar mi decisión de velar por las reservas del Banco Central, claramente está movida por cuestiones políticas y no por un verdadero interés por llegar a la verdad", señaló Redrado a través de un comunicado tras el dictamen del comité.

El conflicto se originó en diciembre, cuando la mandataria ordenó constituir el "Fondo del Bicentenario" con reservas del Banco Central por US$6.569 millones para pagar deuda, en momentos en que Argentina enfrenta dificultades de financiamiento y tiene prácticamente bloqueado el acceso a los mercados de crédito tras su cesación de pagos del 2001/2002.

Redrado resistió esa decisión, lo que desató un conflicto que afectó los activos de Argentina y arrojó dudas sobre un canje de deuda impaga por US$20.000 millones.

Autoridades económicas dijeron, sin embargo, que la operación, clave para que Argentina despeje sus problemas de financiamiento, sigue adelante.

Opositores han pedido que Fernández convoque al Congreso a sesiones extraordinarias para discutir la creación del Fondo, pero el Gobierno ha indicado que el asunto debe ser discutido en marzo, una vez que concluya el receso del verano austral del Poder Legislativo.

Gobernadores. El Ejecutivo de Cristina Fernández confía en que la mayoría de los legisladores apoyará su plan de usar reservas, gracias a la presión de gobernadores provinciales con graves dificultades financieras. De 24 provincias argentinas, 22 tienen sus cuentas en rojo.

"Los gobernadores no necesitan ser sometidos a ningún tipo de presión. Saben que el beneficio para ellos es desde todo punto de vista", dijo el jefe de Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, sobre el plan de uso de las reservas.

El decreto que constituyó el "Fondo del Bicentenario" establecía el uso de reservas exclusivamente para el pago de deudas, aunque los legisladores tienen derecho a modificarlo.

"Por supuesto que vamos a apoyar la constitución del 'Fondo del Bicentenario' para el pago de la deuda externa", señaló a periodistas el gobernador de la norteña provincia de Tucumán, José Alperovich.

En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, aseguró que "la mayoría" de los gobernadores también respalda la medida.

Aunque garantizar el pago de la deuda en el corto plazo podría reducir los costos de endeudamiento de Argentina, varios analistas advierten que el plan podría afectar la autonomía del Banco Central e incrementar el riesgo de invertir en Argentina a largo término.

"Este intento de hacerse de las reservas del Banco Central podría disparar un reinicio de fugas de capitales", señaló en un informe Boris Segura, analista de RBS Securities, que agregó que la iniciativa podría llevar a un aumento del gasto público, impulsando la inflación.