En medio del entusiasmo de legisladores y ONGs que defienden los derechos de las mujeres, identificados con pañuelos verdes, más de 70 diputados expusieron este martes en una sala del Congreso el proyecto que permitiría detener cualquier embarazo en las primeras 14 semanas de gestación.

Decenas de diputados oficialistas y opositores presentaron el martes ante el Parlamento un proyecto de ley para despenalizar el aborto en Argentina, que se tratará en los próximos meses con una profunda controversia social como telón de fondo.

En medio del entusiasmo de legisladores y ONGs que defienden los derechos de las mujeres, identificados con pañuelos verdes, más de 70 diputados presentaron en una sala del Congreso el proyecto que permitiría detener cualquier embarazo en las primeras 14 semanas de gestación.

En caso de violaciones, malformaciones fetales o riesgos para la salud de la mujer, el aborto podría realizarse en cualquier momento con el solo consentimiento de la mujer.

"Yo hice abortos y no fue por pobreza. (Pero) Esto es un tema de equidad y desigualdad, porque las que no tienen plata lo pagan con su salud o su cuerpo, a diferencia de las ricas", dijo la diputada opositora Araceli Ferreyra durante la presentación del proyecto de ley.

Aunque diversos proyectos se han presentado sin éxito en los últimos años en el Congreso, el presidente liberal Mauricio Macri -que se manifestó contrario al aborto- dio un impulso implícito al tratamiento de la norma al decir que dejará a sus legisladores votar libremente.

El debate ha dividido a las principales fuerzas políticas del país sudamericano y el mismo oficialismo, usualmente identificado con ideas de centroderecha, cuenta con legisladores que apoyan el proyecto.

Actualmente Argentina permite la interrupción del embarazo en ciertos casos de violación o de riesgo para la salud de la madre, pero algunos organismos han denunciado que muchos jueces demoran la autorización -lo que después vuelve imposible el aborto- y que hay médicos que se niegan a practicarlo.

Se espera que la polémica sobre el proyecto de ley crezca en los próximos meses, en un país con un alto porcentaje de católicos que se opone a la norma.

Aunque el proyecto cuenta con el respaldo de muchos diputados en la Cámara baja, sería difícil su aprobación en el Senado, ya que en los representantes de las provincias la influencia de la Iglesia Católica es mayor.